Editorial

La imposible tutela desde Waterloo

La Generalitat no puede parecer un gobierno de personas interpuestas

Cuanto antes admita Carles Puigdemont que ERC se ha convertido en la primera formación nacionalista de Cataluña y que es un dirigente de este partido, Pere Aragonés, quien preside la Generalitat de Cataluña y quien mantiene la principal interlocución con el Gobierno de la nación, más rápidamente se podrá articular una salida política aceptable al enredo catalán. No es, por supuesto, que creamos que el partido que lidera de hecho Oriol Junqueras haya sufrido una especie de caída de Damasco, pero sí que es posible que se imponga el deseable pragmatismo de algunos sectores nacionalistas, no sólo de la izquierda, que asumen que no es tiempo –nunca lo fue, en realidad– para insistir en vías unilaterales hacia una autodeterminación que cada vez más difuminada en el horizonte. Y si prescindimos del inevitable desahogo declarativo, es en ese recurso al pragmatismo donde el sordo, pero sostenido, enfrentamiento entre los neoconvergentes de Puigdemont y sus forzosos coaligados de gobierno corre el riesgo de acabar en estallido. Se pudo ver ayer, en la frialdad de la visita que Oriol Junqueras y algunos de los otros indultados giraron a la residencia belga del huido Puigdemont, empeñado en una imposible tutela desde Waterloo de la Generalitat de Cataluña y dispuesto a sabotear cualquier posibilidad de acuerdo que no pase por sus personalísimos intereses, entre los que se encuentra, no hay que olvidarlo, la búsqueda de una salida a su complicada situación penal. Que en la convocatoria de la citada reunión, la nota de ERC se refiriera al anfitrión como «presidente de Junts», mientras Puigdemont se intitulaba pomposamente como «Molt Honorable President» del fantasmal Consejo de la República, demuestra las diferencias, por ahora, insalvables entre las principales formaciones nacionalistas. Y ello, sin entrar en cuestiones personales, que afectan al diferente comportamiento de ambos políticos, puesto que Junqueras se quedó en España para dar la cara y afrontar las consecuencias penales de sus actos, mientras Puigdemont huía con nocturnidad. Por último, sería caer en angelismos si pretendiéramos un paso atrás voluntario y concluyente de quienes protagonizaron los vergonzosos hechos del «procés» y están inhabilitados para desempeñar cargos públicos, pero no estaría demás que salvaguardaran la Generalitat de la imagen de estar gobernada por personas interpuestas.