La mesa se topa con la cruda realidad

No es cuestión de caer en el expediente fácil de ningunear la reunión entre el Gobierno y la Generalitat celebrada ayer en Barcelona, por cuanto refuerza, en efecto, el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, y abre la vía a la aprobación de unos Presupuestos Generales, cuya trascendencia para el Ejecutivo no es posible desdeñar. Al mismo tiempo, son muchos los flancos abiertos por la pandemia en la economía catalana, como en la del resto de España, y una interlocución privilegiada con quien tiene la llave de los fondos europeos, el inquilino de La Moncloa, contribuye a realzar la posición política del presidente autónomo catalán, Pere Aragonés, que no dudó en parar los pies a sus socios de gobierno en el palau de Sant Jaume, cuando intentaron una maniobra diseñada para dinamitar la mesa de diálogo. Que los separatistas de Junts y de las CUP tengan la razón de su parte sobre lo estéril de un diálogo que no puede conducir a los fines declarados, referéndum de autodeterminación y amnistía, no justifica una acción de sabotaje contra el Ejecutivo del que forman parte, por más que responda a una estrategia política que busca retratar el supuesto entreguismo de los republicanos. En este sentido, y salvo alguna sobreactuación de Aragonés, como ordenar la retirada de la bandera de España en su comparecencia ante los periodistas, lo cierto es que desde la Generalitat se advierten señales de distensión política, que, sin duda, recogen el cansancio de una parte del nacionalismo catalán frente a un conflicto sin salida, pero, también, las demandas de una sociedad que pide a sus gobernantes que bajen a la realidad de las dificultades que enfrentan familias y empresas tocadas por la crisis económica. Por supuesto, se mantienen la pretensiones maximalistas del nacionalismo, pero ya sin plazos perentorios ni amenazas de ruptura. Porque una vez que el presidente del Gobierno ha dejado claro, como no podía ser de otra forma, que nada se puede negociar fuera de la Constitución, especialmente el referéndum y la amnistía; una vez que la mesa se ha topado con la cruda realidad, deberán aflorar las cuestiones que sí se pueden tratar. Y ahí, no hay que dudarlo, la pretensión de bilateralidad, imagen tan cuidadosamente perseguida por la Generalitat, se verá empañada por las demandas del resto de las comunidades autónomas que, lógicamente, demandarán un trato de igualdad.