El ministro Garzón y la dañina necedad

No parece haber entendido la ministra de Educación, Pilar Alegría, que el inverosímil ataque de su compañero de Gabinete, Alberto Garzón, a la industria agropecuaria española no pertenece al ámbito de las opiniones personales, sino que involucran al conjunto del Gobierno, al que se presupone solidaridad y unidad de propósito en el ejercicio de sus funciones. Podemos entender que la baja estimación política que suscita Garzón en el Consejo de Ministros, –con algunos desprecios presidenciales que hubieran llevado a cualquier otro a presentar la dimisión–, lleve a menospreciar la gravedad de lo ocurrido, pero fuera de nuestras fronteras se desconoce la peculiar personalidad del ministro y se corre el riesgo cierto de que le tomen en serio, más en un mercado donde la competencia internacional es intensa y cuesta años de esfuerzos conseguir prestigio de marca y alcanzar la confianza de los consumidores.

Por si la ministra Alegría lo desconoce, el titular de Consumo del Gobierno de España, en declaraciones a un influyente diario británico, denunció que las macro granjas, es decir, la ganadería intensiva, vendía «carne de mala calidad, procedente de animales maltratados», contraponiendo esta actividad industrial al modelo extensivo, al que dota de connotaciones bucólicas. Como no podía ser de otra forma, las asociaciones y sindicatos agrarios, a las que se han unido los gobiernos autonómicos más perjudicados por esa inicua acusación, entre los que se incluyen algunos socialistas, han exigido una rectificación clara y diáfana del ministro Garzón o, en su caso, la destitución de su cargo.

Unas demandas que suscribirá, sin duda, cualquier persona que conozca la verdadera realidad de la ganadería española, pero que han sido despachadas por el interpelado con una insultante referencia a supuestas conspiraciones de supuestos «lobbys» de la industria cárnica. Por supuesto, no se trata de polemizar con el ministro sobre asuntos en los que ha demostrado el atrevimiento que acompaña a una supina ignorancia, pero sí de insistir en el hecho de que la ganadería española ni exporta carne de mala calidad ni explota el maltrato animal. Todo lo contrario, cumple con unas normas de sanidad veterinaria de las más exigentes de Europa, fruto de largas décadas de lucha contra enfermedades como la Peste Porcina Africana o la Fiebre Aftosa, que garantizan la calidad de la producción, realidad venturosa que debería ser expuesta por quien forma parte del Gobierno de la nación. Desde la más mínima lógica política, el presidente del Gobierno estaría obligado a destituir al titular de Consumo, pero dado que se trata de un ministro de la cuota comunista de la coalición, bastaría con pedirle que se mantuviera en silencio. Así, al menos, dejaría de hacer daño a la economía española.