Emmanuel Macron
Los intereses franceses no son los de Europa
La cuestión no responde a urgencias de calendario ni reticencias medio ambientalistas sino en unos, a nuestro juicio, espurios intereses galos, que ven con recelo la conversión de España en una futura plataforma para la distribución de energía en la Unión Europea
Si hace cinco décadas, en 1969, para ser exactos, España no hubiera comenzado a construir su red de plantas regasificadoras y de almacenaje de gas, hasta convertirla en la de mayor capacidad estratégica de Europa, hoy no estaríamos hablando del «Midcat» ni de ninguna otra opción razonable de suplir las importaciones procedentes de Rusia. Es decir, hablamos de infraestructuras que es imperioso planificar con tiempo, con visión de décadas, y que, por lo tanto, echan por tierra los banales argumentos del presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, para rechazar la construcción de nuevas interconexiones gasísticas a ambos lados de los Pirineos, que, a medio plazo, supondrían liberar al norte europeo de la dependencia energética rusa.
Mantiene Macron, por intermediación de su ministro para la Transición Ecológica, Christophe Béchu, que la construcción del gaseoducto «tardaría años en estar operativo y no respondería a la crisis actual», como si el proceso expansionista iniciado por el Kremlin fuera a conformarse con la anexión de algunos territorios ucranianos, consiguiendo a corto plazo la vuelta dócil de Alemania al redil energético ruso. Pero sabe perfectamente el gobierno galo que eso no es así y que Berlín, que discute en estos momentos la prórroga en el funcionamiento de sus centrales nucleares y la rehabilitación de las plantas de carbón, buscará rectificar el error cometido por los anteriores gobiernos y que una de las soluciones más factibles es utilizar la capacidad importadora española de gas licuado y los gaseoductos ya existentes con el norte de África.
Se excusa, también, el gobierno francés en las previsibles reticencias de los ecologistas locales a la construcción de las nuevas infraestructuras, cuando, lo cierto es que hablamos de una energía no renovable, que ha sido clasificada como «verde» por la Unión Europea y que no concita mayores rechazos en la opinión pública occidental, como sí es el caso de la nuclear. Ciertamente, los socialistas, que hoy están al frente del Ejecutivo español, se opusieron al gaseoducto, pero la realidad, tozuda como siempre, ha propiciado un inteligente cambio de posición.
No. La cuestión no responde a urgencias de calendario ni reticencias medio ambientalistas, en un país, precisamente, que basa su sistema eléctrico en la producción de sus plantas atómicas, sino en unos, a nuestro juicio, espurios intereses galos, que ven con recelo la conversión de España en una futura plataforma para la distribución de energía en la Unión Europea. Ha ocurrido antes con otras infraestructuras de conexión, ferroviarias, viales y eléctricas, que, en efecto, contribuyen al imaginario de una «isla Ibérica» en el flanco sur de Europa. Pero los intereses de Francia no son, como es evidente, los de Europa y tendrán que ser nuestros socios en la UE, quienes hagan entrar en razón a nuestros entrañables amigos galos.
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