Esa izquierda insumisa que degrada la Justicia

En ningún caso puede justificarse la utilización de los procedimientos judiciales como un instrumento más en la pugna partidaria, una práctica que, desafortunadamente, ha tenido mucho predicamento en España, con la comunidad valenciana como el ejemplo más citado, pero, incluso, en esos casos, lo mínimo que puede exigirse a nuestros representantes políticos e institucionales es un respeto exquisito al trabajo de jueces y fiscales, en la confianza de que, al final, la Justicia prevalecerá sobre los bastardos intereses.

De ahí, que sea muy preocupante la actitud de esa izquierda insumisa que no se priva de poner en duda las actuaciones judiciales cuando los afectados pertenecen a su ámbito ideológico. Entonces, lo que esos radicales populistas negaban al adversario político, la presunción de inocencia, no sólo se esgrime a lo largo de todo el procedimiento judicial, sino que prevalece sobre las sentencias dictadas, aunque hayan sido refrendadas por el Tribunal Supremo.

Sin caer en odiosas comparaciones, así está sucediendo con las condenas de los prohombres del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, retratados poco menos que como santos laicos por sus compañeros de partido, víctimas de un error de apreciación de los jueces que el Gobierno socialista, por la vía del indulto, está legitimado a corregir. Pero sin tratar de restar importancia a esta injustificable reacción, es mucho más grave lo que está sucediendo con una extrema izquierda que, al parecer, considera que todo sistema judicial que no siga la estela de los que operan en Cuba, Venezuela y Nicaragua, por citar tres casos pasmosos, actúa movido por obscuros intereses y dirigidos desde unas imaginarias cloacas del Estado, por supuesto, con la imprescindible colaboración de unos medios de comunicación al servicio de los poderes fácticos.

Este discurso, que puede entenderse como delirante, ha reverdecido con el procesamiento por un fiscal argentino de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que se acusa de corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su mandato presidencial. La reacción furibunda de la extrema izquierda de obediencia o simpatía bolivariana ha llegado al paroxismo, con la dirigencia peronista sacando a sus partidarios a las calles para protestar por la actuación del fiscal.

Que el propio presidente del país, Alberto Fernández, haya llegado a insinuar un posible suicidio del representante del Ministerio Público sobrepasa, a nuestro juicio, todos los límites. Es evidente que nos hallamos ante una estrategia de acoso a la Justicia, que pretende intimidar a jueces y fiscales, pero también a los periodistas, para que se lo piensen dos veces antes de actuar contra sus correligionarios. Los mismos, hay que insistir en ello, para quienes cualquiera que no piense como ellos siempre es culpable.