Demasiado tacticismo genera desconfianza

No es infrecuente que en los gabinetes de coalición, como el que preside Pedro Sánchez, se produzcan distorsiones internas en la gestión política diaria, que, cuando son de matiz, suelen corregirse sin mayor problema, con la desautorización de uno de los portavoces, pero que cuando son de fondo anuncian el próximo final del acuerdo de gobierno. Ha sido el pan nuestro de cada día con Unidas Podemos –sólo hay que recordar el incidente del chuletón y la última andanada contra el CGPJ por parte de la ministra de Igualdad– y, sin duda, es uno de los factores que explican las malas expectativas electorales de los dos partidos gubernamentales.

Ahora bien, pocas veces se ha visto que en una materia grave, como es la emergencia energética, se enmiende en menos de 24 horas la posición pública de un ministro, nada menos, que por el propio jefe del Ejecutivo. Es lo que ha ocurrido con la rebaja del IVA del gas al cinco por ciento, que si el miércoles no era más que una ocurrencia sin base económica alguna, el jueves se había convertido en el nuevo eje de la estrategia socialista para combatir la espiral de precios de la energía. El problema, y no menor, es que la opinión pública percibe estas disonancias como el reflejo de un gobierno que va a remolque de las circunstancias, más pendiente de la demoscopia que de diseñar una política general, a medio y largo plazo, que corrija las deficiencias del sistema eléctrico español.

Sin entrar en la supuesta bondad de la medida fiscal anunciada, que poco influirá en el coste final de la factura del gas si no va acompañada de otras actuaciones, también, propuestas por la oposición, lo cierto es que no debería quejarse el presidente del Gobierno si algunas de sus decisiones se perciben como consecuencia de un excesivo tacticismo político, marcado por sucesos meramente coyunturales –en este caso, con el objetivo de desarmar de argumentos a Núñez Feijóo en el próximo debate en el Senado– y, por lo tanto, cambiantes. Por supuesto, nada tenemos en contra de los cambios de criterio en la gestión pública, pero siempre que estos respondan a situaciones sobrevenidas. Y no es, precisamente, el caso, puesto que tanto la subida de los combustibles como del gas natural obedecen a factores de fondo, estructurales, que habría que abordar, aunque solo fuera porque afectan directamente a una de las principales apuestas políticas, económicas y sociales del Gobierno, como es la reducción de las emisiones contaminantes, enmarcadas en la lucha contra el calentamiento global.

Se trata de decisiones de fondo, que condicionarán la vida de las próximas generaciones y obligarán a modificar hábitos muy arraigados a las actuales, pero que, al parecer, admiten todo tipo de parches y componendas. Sin ir más lejos, la subvención a unos combustibles que se quieren eliminar.