El Gobierno aprueba la nueva Ley del Aborto sin el beneplácito de los jueces

El Gobierno ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva- conocida como la Ley del Aborto- en en Consejo de Ministros y la remitirá al Congreso para su tramitación legislativa. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha declarado que “se ha cansado de esperar” los informes que debían haber emitido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, a los que ha acusado de “no hacer su trabajo y no cumplir con los plazos establecidos para emitir informes”.

Para muchos, la tramitación de esta ley como “urgente” y “extraordinaria” llevaba implícito el hecho de que Unidas Podemos quería evitar depender de estos informes, y temían que pudieran poner trabas a una reforma que convierte a España en uno de los países con la regulación más laxa entorno a la interrupción voluntaria del embarazo.

Los puntos clave de la norma son que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de los padres, la eliminación de los tres días de reflexión para tomar la decisión o el acceso gratuito a la píldora del día después. Además hay contempladas medidas como las bajas laborales por reglas dolorosas.

Montero, expresó ayer su deseo de que la reforma del aborto – y la Ley Trans– sean «una realidad a finales de año». También justificó su tramitación por la vía de urgencia. «Es muy urgente para nuestro país, no sólo para hacer todas las modificaciones que tienen que ver con el derecho al aborto, sino también todos los derechos reproductivos; si no puedes decidir sobre tu propio cuerpo no puedes definir tu proyecto de vida», señaló en una entrevista radiofónica.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la titular de Igualdad ha destacado que la norma “garantiza los derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres españolas y es “complementaria” a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, aprobada de forma definitiva la semana pasada.

Para la ministra, la nueva ley del aborto es “un medido de la calidad democrática” del país, ya que el “derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud” y, al mismo tiempo, “abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos”, como la posibilidad de que las mujeres puedan “elegir sus proyectos de vida”.

Tras agradecer al Ejecutivo actual el apoyo a esta norma, así como a su predecesora la exministra Bibiana Aído o al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la responsable de Igualdad ha destacado la importancia del trabajo de “un Gobierno feminista”.

Los puntos clave

La norma tiene dos bloques diferenciados . El primero está dirigido a blindar la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar la eliminación de “obstáculos” para poder llevarla a cabo, como su acceso para las chicas a partir de los 16 años. El segundo tiene que ver con el reconocimiento y ampliación de los derechos sexuales y reproductivos. Estos son los puntos clave de la nueva ley:

Acceso al aborto

La principal novedad que presenta esta norma es que las menores de entre 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de contar con el permiso de sus padres. Se recupera, por tanto, lo que establecía la ley de plazos aprobada por Zapatero en 2010, y que Rajoy cambió en 2015 –sólo en este punto– para exigir autorización paterna a las menores.

También se eliminan los tres días de reflexión obligatorios desde que una mujer pide abortar para reafirmarse en su decisión. El sobre con información y recursos para ser madre sólo le será entregado a las mujeres que lo soliciten expresamente.

Por otro lado, pero en la misma línea, las mujeres que interrumpan su embarazo tendrán derecho a un periodo de baja y se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo. Además, los centros de salud y los servicios de salud sexual y reproductiva distribuirán la píldora del día después de forma gratuita.

Objeción de conciencia

La ley garantizará que en los hospitales públicos haya siempre personal disponible para practicar abortos. El objetivo es evitar que una mujer tenga que desplazarse hasta cientos de kilómetros para ir a otra provincia o comunidades autónoma. Del mismo modo, establecerá la objeción de conciencia –que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia– para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, la norma recoge que quien se declare objetor, se aplicará en la sanidad pública y privada.

Salud menstrual

La reforma de la Ley del Aborto también trata la conocida como pobreza menstrual. Así, las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina.

Por otra parte, la ley regula –por primera vez en un país europeo– el derecho de una mujer que sufra reglas muy dolorosas a cogerse una baja laboral. Se incluirá en el catálogo de causas que generan incapacidad temporal. Estará financiada íntegramente desde el primer día por el Estado, y no por la empresa. Además, no se exigirá a la trabajadora ningún número mínimo de días cotizados a la Seguridad Social para acceder a ella, como sí ocurre en otras causas.

El texto también garantiza que, en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual –como tampones, compresas o copa menstrual– con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual. «Es importante que la menstruación esté presente en el debate público y deje de ser un tabú, un estigma», señaló al respecto la titular de Igualdad.

Respecto al embarazo y la maternidad, la nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.

Violencia reproductiva

Dentro del concepto de «violencia reproductiva», el primer borrador de la Ley establecía que se considerara la gestación subrogada –llamada coloquialmente «vientre de alquiler»– como una forma de violencia contra las mujeres. Igualdad pretendía que se persiguiera con penas de cárcel a los padres de hijos nacidos por este método, aun habiéndolo hecho en países donde es legal. Finalmente, el Ministerio de Justicia tumbó esa propuesta, que quedó excluida del texto final del anteproyecto.

Lo que si se mantiene es que se considerará violencia contra las mujeres la esterilización forzosa para las discapacitadas, los embarazos y abortos en contra de la voluntad de la mujer, las malas prácticas durante el parto y la anticoncepción forzada.

Educación sexual

La educación sexual será integral en las principales etapas educativas con el foco en el consentimiento y los buenos tratos. El texto establece medidas como el reparto de forma gratuita de métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos, vinculado a campañas sobre educación sexual.

Según ha señalado Montero, según los últimos estudios, “el 70% de los alumnos de educación secundaria” asegura que sus conocimientos sobre salud sexual llegan a través de Internet o de sus amigos. A su juicio, el aprendizaje en esta materia “con apoyos” es “necesario” y, por ello, el Gobierno “quiere asegurar el derecho” de niños y adolescentes de “acceso a una educación integral” para que puedan “conocer sus cuerpos” y “construir relaciones afectivas basadas en los buenos tratos”.

Por ello, también se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica, así como formación en educación sexual y menstrual a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.