Ayuso demuestra que otra política es posible

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado a la Cámara regional un programa de actuaciones en materia de política fiscal y económica que puede parecer ambicioso en los objetivos, pero que no se aparta de la ortodoxia que preside la gestión pública en la mayoría de los ejecutivos europeos. Es decir, no renuncia a la intervención social en aquellos ámbitos que la demandan, como el de la vivienda, pero sin interferir ni en la libertad de los mercados ni en la seguridad jurídica del sector inmobiliario, que es, sin duda, uno de los factores que explican el sostenido incremento del precio de los alquileres en las grandes ciudades.

Ayuso no sólo rechaza la pretensión de descargar la responsabilidad sobre los propietarios, convertidos en responsables subsidiarios de la incapacidad de las instituciones para hacer que se cumpla el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, sino que opera desde lo público, con habilitaciones de suelo y alquileres para jóvenes, para aumentar la oferta en lugar de restringirla, como sucede con las medidas al uso de la izquierda. No hay, pues, fórmulas mágicas en la propuesta popular, sino el recurso a las iniciativas que la experiencia dicta como más convenientes. Si hemos querido destacar este aspecto del amplio programa de Díaz Ayuso no es sólo porque se trata de uno de los problemas, el de la vivienda, que más afectan a las nuevas generaciones de españoles, sino porque deja sin contenido las críticas de una oposición que nada práctico aporta al debate.

No es cuestión de analizar aquí, por menudo, la amplía batería de propuestas de la presidenta madrileña, pero sí interesa destacar que suponen una enmienda a la totalidad de las políticas que propugna el Gobierno de la nación, especialmente, en materia fiscal. Sabe Ayuso que sólo desde el impulso del tejido empresarial, de la promoción de la iniciativa privada, es posible sostener el crecimiento económico que, a la postre, garantiza mejores servicios sociales, desde la Sanidad a la Educación, pasando por la Dependencia, y que ello sólo se produce cuando las administraciones propician un clima de libertad y reducen las cargas fiscales a la generación de riqueza.

Es, además, lo que se viene practicando en la Comunidad de Madrid, dentro del marco normativo del sistema autonómico, y es, en definitiva, lo que ha llevado a la región a tener los mejores indicadores sociales y económicos de toda España. Por supuesto, se ataca a Ayuso desde otras comunidades, socialistas en su mayor parte, que han venido siguiendo una estrategia opuesta con muy pobres resultados, pero no es posible hablar de competencia desleal cuando la mayoría de los gobiernos autonómicos, por no hablar de los territorios de régimen especial, tienen los mismos instrumentos legales a su alcance. Es cuestión de elegir.