A la derecha cabe exigirle rigor fiscal

La primera ministra británica, Liz Truss, ha visto cómo su programa de estímulos fiscales, que incluía una reducción del tipo máximo del IRPF del 45 al 40 por ciento, ha sido recibido con un aluvión de críticas, incluso en su propio partido, y con la reacción negativa de los mercados, que ha provocado la caída de la cotización de la libra esterlina. Sin embargo, no estamos ante una política descabellada, propia de un tatcherismo mal digerido, y que buscaba favorecer a los contribuyentes que más ganan.

No. Simplemente, la primera ministra ha incumplido una de las reglas no escritas de cualquier partido conservador que se precie, como es el rigor en la gestión de la política económica. Y ha sido así, porque el proyecto de estímulos fiscales para relanzar la economía británica y compensar los efectos de la inflación partía de un error grave al no plantear una reducción proporcional del gasto público que contuviera el inevitable aumento de la deuda soberana.

Ciertamente, en la cultura presupuestaria de la izquierda, esos pequeños detalles contables, como el endeudamiento de las próximas generaciones, no tienen mayor trascendencia, como ejemplifica una somera comparación entre las cifras macroeconómicas del Reino Unido y España, país, este último, que presenta un 116,1 por ciento de deuda pública sobre el PIB, frente al 95,3 por ciento de la británica, y que somete a sus ciudadanos a una presión fiscal –medida sobre el porcentaje del PIB– del 37,3 por ciento, frente al 32,8 por ciento de los ingleses. Podríamos seguir desgranando cifras, pero baste señalar que el gasto público español supone más del 50 por ciento del PIB, mientras que el británico se queda en el 44,8 por ciento, sin que por ello las inversiones en Educación y Sanidad sean menores que las españolas. Todo lo contrario. El Reino Unido invierte 3.961 euros per cápita en su sistema hospitalario, frente a los 1.859 euros por habitante de España.

Y aún así, es evidente que la política económica de Londres no puede seguir con los mismos parámetros que antes del brexit ni, mucho menos, sin responder a la emergencia que supone la subida de la inflación, estrechamente relacionada con la crisis energética. La primera ministra Truss entiende que no se pueden trasladar los costes del incremento inflacionario a hogares y empresas, y que donde mejor rinde el dinero es en los bolsillos de los trabajadores, en lugar de aprovechar la coyuntura para incrementar los ingresos públicos, como hace el Gobierno de izquierdas español, que, al parecer, piensa que las clases medias pueden ser exprimidas fiscalmente hasta la extenuación. Es decir, Truss tiene razón y, una vez que el proyecto de alivio impositivo cumpla con la ortodoxia económica exigible, los mercados inversores acompañarán el crecimiento del Reino Unido. Como ha ocurrido siempre.