Un Código Penal «de autor» para Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido a las demandas de sus socios parlamentarios, con lo que se garantiza, al menos, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y llegar con una cierta estabilidad política hasta las próximas elecciones generales. El coste no ha sido, precisamente, barato, puesto que supone enmendar al Tribunal Supremo, dejar a los pies de los caballos a la Justicia española frente a la Unión Europea y, fundamentalmente, desvirtuar la gravedad de los hechos sucedidos en Cataluña en octubre de 2017.

Que el engendro jurídico resultante, un verdadero Código Penal «de autor», no tiene un pase, queda demostrado por el procedimiento legislativo elegido, una proposición de Ley, que elude los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por supuesto, en este vidrioso asunto, lo de menos es la justificación argumentativa del Ejecutivo –la armonización del tipo delictivo con otras legislaciones europeas–, puesto que la inmensa mayoría de los españoles sabe exactamente de lo que estamos hablando y ya tiene una opinión formada, como señaló el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de lo que se ha hecho y, sobre todo, de por qué se ha hecho.

De ahí, que quepa preguntarse hasta qué punto calcula el Gobierno, que la factura electoral puede ser asumida, porque lo que es incuestionable es que el desgaste político que supone desarmar al Estado frente a quienes atentaron contra el ordenamiento constitucional tendrá consecuencias en las urnas. Más aún, cuando se vean los efectos prácticos de una reforma legal que supone una amnistía de facto para los independentistas condenados. Ciertamente, podrían limitarse los daños, si el nacionalismo catalán, no sólo ERC, diera por suficiente el gesto gubernamental y se aprestara a rebajar sus pretensiones, pero, por las trazas, parece que va a ir a más, pretendiendo que se desvanezcan las acusaciones por malversación, y, por supuesto, sin renunciar a la demanda del reconocimiento del derecho de autodeterminación, por la vía de un referéndum acordado con el Gobierno.

Por otra parte, no es posible obviar que la mayor parte de la opinión pública asiste con perplejidad creciente a la campaña gubernamental que, prácticamente, pretende trasladar la responsabilidad de lo sucedido en Cataluña al anterior gobierno del Partido Popular, especie que no se sostiene, pero que tiene la virtud de ofrecer un argumento a la contra a aquellos dirigentes socialistas que se creen obligados a cerrar filas con su secretario general. El problema es que los hechos están lo suficientemente cercanos en el ánimo de la población como para admitir una transformación del relato de tan grueso calibre. No hay español, hay que insistir en ello, que no sepa lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y, eso, no hay «derecho de autor» que lo cambie.