Seis hombres buenos en defensa de la ley

Sobre los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han frenado la deriva autoritaria del Gobierno de la Nación caerán ahora todos los males del infierno mediático y político que sólo la izquierda española es capaz de desatar contra aquellos, que con la razón y la ley en la mano, se atreven a levantar la voz de la Justicia. Por ello, no deberían los ciudadanos del común perder de vista la última maniobra de Unidas Podemos para condicionar la última decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el PP, aunque solo sea porque retrata a una izquierda instalada cínicamente en el doble rasero.

Hablamos, claro está, de la propuesta de recusación de dos magistrados del alto tribunal considerados «conservadores» –González Trevijano, que ejerce la presidencia del TC, y Arturo Narváez– con el argumento de que ambos deberían abandonar sus cargos si saliera adelante la reforma del Gobierno sobre la que tienen que decidir, consideración, sin embargo, que no reza para los jueces Juan Antonio Xiol y Andrés Martínez-Vares, del llamado «sector progresista» que se encuentran en idéntica situación. A partir de ahí, podemos colegir cuál va a ser la reacción gubernamental ante la decisión del Tribunal de Garantías, contraria, por la pura lógica de los hechos, a sus intereses, una vez que se han roto todos los diques de contención de la injerencia política en el ámbito judicial.

Pero la sucesión de maniobras, la insólita presión sobre unos magistrados que tenían que decidir en conciencia, guiados por interpretación de la ley, llegando, incluso, al insulto preventivo, demuestra, cuando menos, que los impulsores de una reforma legal que cambia gravemente las reglas de juego a mitad del partido eran conscientes de la improcedencia de su actuación. Han sido, que lo tengan a gala, seis hombres buenos en defensa de la ley y de la democracia española. Con todo, lo peor es el espectáculo de unos jueces ideológicamente próximos a la izquierda gobernante, que han tratado por todos los medios, incluida la amenaza de abandonar el pleno para romper el quorum, de dilatar una decisión jurisdiccional para la que el Constitucional está perfectamente legitimado.

Ciertamente, la apuesta de La Moncloa era mayor, puesto que no sólo estaba en cuestión el sistema de elección de los magistrados del TC, sino otras decisiones de orden puramente partidista como es la supresión del delito de sedición o la rebaja de la malversación, de las que, al parecer, depende la continuidad del actual Gobierno. Pero ello no justifica el daño reputacional que se causa al Tribunal Constitucional, percibido por la opinión pública como un escenario más de la pugna de banderías políticas. Pero se equivocaría aún más si no reconociera que, en la España de Pedro Sánchez hay que tener mucho valor para defender la verdad frente a los falsarios.