Nadie está por encima de la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, describió ayer como «un hecho grave sin precedentes en la historia democrática de nuestro país y de cualquier país europeo» la decisión del Tribunal de Garantías que suspendía cautelarmente la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Si se nos permite la ironía, no podemos estar más de acuerdo con las palabras del jefe del Ejecutivo porque, en efecto, la pretensión gubernamental de modificar por la puerta de atrás dos normas claramente amparadas en la Constitución venía a ser un hecho grave y sin precedentes, que había hecho saltar las alarmas, incluso, de una Comisión Europea que no ocultaba su aprensión ante la baja maniobra del gobierno español y que, ayer, recordaba los principios establecidos por la Convención de Venecia sobre el refuerzo de la independencia judicial y de la separación de poderes.

Por supuesto, no es cuestión de entrar a valorar los análisis primarios, diríamos que pintorescos, de algunos de los socios gubernamentales que hablaban de «golpe de estado judicial», pero sí de advertir, de la mano de Europa, de que hay cuestiones en la acción de los gobiernos democráticos que no pueden quedar a merced del rodillo parlamentario de una mayoría, precisamente, porque el respeto al ordenamiento jurídico es consustancial al vigente modelo de representación popular.

Esa discusión sobre los «votos y la ley» ya fue resuelta por nuestros tribunales con motivo de la revuelta independentista de Cataluña y lo fue, dicho sea de paso, con el apoyo del partido socialista. Le asistía, pues, una razón de fondo al Partido Popular para recurrir al Constitucional y no deja de ser preocupante el rechazo frontal y absoluto de los portavoces del Ejecutivo a la hora de reconocer una mínima responsabilidad en este enfrentamiento que tanto daño ha causado al prestigio de nuestra Justicia. Creemos que este empecinamiento es un error que no caerá en el saco roto de la opinión pública, por más que los estrategas de La Moncloa se empeñen en lo contrario.

Y es así, porque los ciudadanos del común perciben con claridad que en el origen del enfrentamiento se encuentra la exigencia de los socios nacionalistas catalanes de llevar a cabo una «desjudicialización de la política» que no era más que garantizar la vuelta a las instituciones de quienes llevaron a cabo la intentona golpista en el Principado y fueron condenados por ello. De ahí, esa carrera contra el tiempo, forzando el paso de las Cámaras por todos los medios, que ha emprendido el Gobierno para contentar a sus socios, pese a que las materias en disputa, los delitos de sedición y malversación, hubieran necesitado de una mayor reflexión. Pese a ello, no nos cabe la menor duda de que el inquilino de La Moncloa seguirá en sus trece, pero, al menos, que no culpe a los jueces.