La Comisión Europea evita criticar al Tribunal Constitucional español por su fallo

Bruselas vigila con atención la crisis institucional sin precedentes vivida en nuestro país, pero pide prudencia y que cualquier cambio de calado se realice con los plazos requeridos y el respeto escrupuloso a la normativa nacional. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez había definido el paso dado por el Tribunal Constitucional español como un “golpe de estado” protagonizado por togas, los mensajes de Bruselas no van en la misma dirección y huyen de este lenguaje altisonante. “Normalmente no comentamos sobre decisiones de tribunales constitucionales. Esperamos que todos los actores relevantes actúen de manera acorde a las reglas nacionales. No comentamos sobre un proceso legislativo mientras sea un borrador, pero seguiremos vigilando la reforma en particular en el contexto del Estado de Derecho”, ha asegurado este martes el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand. a la preguntas de la prensa española. Unas palabras escrupulosamente medidas, de esas que hay que escuchar con atención para interpretar matices. El más importante es que el que apela al respeto a las reglas nacionales. Fuentes diplomáticas fuera de micrófono muestran su recelo a esta reforma expres del Tribunal Constitucional emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez y recuerdan la necesidad de “consultas previas”.

El lenguaje recuerda mucho al empleado por la Comisión Europea cuándo el Gobierno de Pedro Sánchez intentó cambiar el sistema de mayorías en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para superar el veto del Partido Popular a los nombramientos de los vocales de este órgano. Aunque Bruselas en esos momentos pidió a las dos principales fuerzas políticas españolas que terminaran con el bloqueo de una vez por todas, también alertó de que este proyecto de reforma iba en contra de la necesaria despolitización del órgano de gobierno de los jueces y aconsejó al Gobierno de Pedro Sánchez acudir a la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa, antes de plantear este tipo de cambios. Desde entonces, Bruselas ha pedido a nuestro país en incesantes ocasiones renovar este organismo para inmediatamente después emprender una reforma legislativa que conlleve que la mitad de los jueces del CGPJ sean elegidos por sus pares, lo que alejaría de una vez por todas el fantasma de intromisión del poder Ejecutivo en el Judicial. Este martes, el portavoz comunitario se ha limitado a recordar que la posición de Bruselas sobre este tema es bien conocida.

El pasado cinco de diciembre , el Consejo de Europa volvió a mostrar su decepción con nuestro país debido al bloqueo en los nombramientos del CGPJ. Los cuatro años de punto muerto en la designación del CGPJ es un tema de grave preocupación que tiene que abordarse como asunto prioritario”, resalta el informe publicado por parte de El grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa.

El texto insiste en definir esta situación como “altamente insatisfactoria” y “urge a las autoridades a tomar acciones decididas”. Antes de aterrizar en España en el mes de septiembre para intentar desbloquear los nombramientos del CGPJ, el comisario de Justicia, Didier Reynders declaró ante la prensa en Bruselas que “lo ideal” sería que la renovación de los miembros de este organismo se realizara teniendo en cuenta los estándares europeos, lo que significa que al menos la mitad sea elegido por sus pares.

“Por supuesto, lo ideal es no tener una reforma que en el futuro respete las recomendaciones sobre el CGPJ que vienen de la Comisión. Lo ideal es que esta orientación se encontrara ya en la designación de los miembros ahora”, explicó Reynders antes las preguntas de los periodistas españoles. El Ejecutivo comunitario ha pedido a nuestro país que haya un acuerdo antes de que España coja el timón del club comunitario en el segundo semestre de 2023, como modo de no ensombrecer el trabajo de la presidencia española. Pero nada indica que vayan a registrarse avances en los próximos meses. El próximo informe anual sobre el Estado de Derecho efectuado por la Comisión Europea ,dónde se analizará, una vez más, la situación de todos los países europeos se publicará en el próximo mes de junio, poco antes de que comience la presidencia española el 1 de julio.

En el mes de octubre y, tras la visita del Comisario a nuestro país, todo indicaba que por fin los dos grande partidos iban a ponerse de acuerdo en esta renovación, pero el Partido Popular decidió echarse atrás en protesta por la reforma del delito de sedición emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez que supone una rebaja de las penas. El comisario belga volvió a insistir sobre este tema cuándo se le preguntó por la conveniencia de que el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo sea nombrado como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Reynders quitó importancia a este hecho al señalar que esta situación también sucede en otros países y volvió a incidir en el bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces.