Con la circunspección que caracteriza a los exámenes de la Comisión Europea, en este caso referidos a la situación del Derecho en los países miembros, lo cierto es que en Bruselas persiste la alerta sobre la independencia de la Justicia en España que saltó cuando el Gobierno de coalición social-comunista intentó cambiar el sistema parlamentario de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reduciendo la mayoría necesaria de tres quintos, es decir, con acuerdo de los grandes partidos, por la mayoría simple. Las advertencias de la Comisión surgieron efecto, aunque los de Pedro Sánchez consiguieron, mediante varios cambios legales, incluso, con rectificaciones sobre la marcha, conformar una mayoría complaciente en el Tribunal Constitucional.

De ahí, que, ayer, los redactores del informe insistieran en su alarma ante los ataques que vienen sufriendo los jueces por parte de los medios gubernamentales, algo que, si no es insólito en la Unión Europea, es muy excepcional, y en la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que sean los jueces los que elijan a los jueces. No es una cuestión menor, desde luego, más en el actual momento político, con el Ejecutivo acosado por numerosos casos de corrupción que están en manos de los tribunales españoles.

Aquí, la Comisión se queja de la falta de voluntad política que demuestran los retrasos a la hora de implementar la Estrategia Nacional contra la Corrupción, que, por cierto, es un compromiso del Gobierno, y, también, señala la falta de independencia real de organismos de control, como la Oficina de Intereses, que lastra la lucha contra las malas prácticas en la financiación de los partidos y en la adjudicación de obra pública, considerados como los «puntos negros» de las corruptelas patrias. En realidad, lo que trasluce el examen comunitario, con muchas buenas palabras, es que entre nuestros socios no está pasando inadvertida la torturada relación del Poder Ejecutivo con los jueces y fiscales, que, también ayer, pedían amparo en Bruselas contra el proyecto de ley de Bolaños.

Y no debería Sánchez echar en saco roto los avisos de la Comisión porque, como ha sucedido con la negativa a aplicar las normas europeas a la contratación de interinos en las administraciones públicas o el impuestazo verde al diésel, las consecuencias se traducen a la larga en multas y en la pérdida de los fondos de cohesión y otras ayudas. La buena noticia es que en Europa son conscientes de las tribulaciones del Poder Judicial español, incluida la peripecia de la Fiscalía General del Estado, y no están dispuestos a mirar para otro lado, como demuestra que el informe señale que la malhadada ley de amnistía –«autoamnistía» para la UE– está pendiente del examen de los Tribunales comunitarios. Un alivio.