No es el catalán, es la esquiva amnistía

Tiene derecho el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que encara otro invierno en el frío exilio belga, a sentirse engañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sólo a condición de que sea verdad, como se afirma en el entorno de quien fue uno de los máximos responsables del procés separatista, que el jefe del Ejecutivo le prometió que los efectos prácticos de la ley de amnistía, para él y el resto de los condenados, serían una realidad en un plazo de seis meses. No estamos en condiciones de afirmar si el líder del PSOE hizo o no esa promesa, pero de lo que sí estamos seguros es que en ninguna circunstancia estaba en su mano cumplirla en ese plazo, como venían advirtiendo la inmensa mayoría de los expertos juristas de este país, lo que convierte al actual presidente de Junts en un ingenuo al creer en la palabra de Sánchez o, lo que es más probable, en alguien que fía al voluntarismo político, cuando no aventurerismo, la transformación de la realidad. Realidad que no era otra que la prolongación durante muchos meses más de unos procedimientos judiciales abiertos sobre los diversos recursos de amparo presentados en el Tribunal Constitucional y en los tribunales europeos, pero, también, las cuestiones de legalidad de la ley de amnistía a la luz del derecho comunitario, al que se somete la Justicia española en virtud de los tratados de la UE. Así, puede reclamar el expresidente catalán todo lo que quiera al inquilino de La Moncloa, que ni la aplicación práctica de la amnistía, que eliminaría la orden de detención del Tribunal Supremo que pesa sobre él y devolvería a los sentenciados del procés sus derechos a la participación política, ni, dicho sea de paso, la conversión del catalán como lengua oficial en Europa están en manos de Pedro Sánchez, por más que se afirme lo contrario. En cualquier caso, a efectos de los intereses personales de Carles Puigdemont, que no tienen por qué coincidir exactamente con los de su partido, es mejor que se mantenga el actual gobierno de coalición en el poder, que su sustitución por otro que, sin duda, estaría mucho menos inclinado en favor de quienes promovieron la ruptura de la Nación desde las propias instituciones del Estado. De ahí, que pese a las urgencias que se detectan en el seno de la formación nacionalista para forzar un cambio político que detenga el desgaste de unos votantes que miran hacia Aliança Catalana, todo va a depender de lo que decida el exiliado de Waterloo. O sigue esperando a que la maquinaria judicial vaya quemando lentamente etapas, es decir, hasta bien entrado 2026, con la esperanza, escasa, de que se admitan sus alegaciones, o rompe con los socialistas para evitar un mayor daño a su partido. Decisiones, ambas, que escapan a la voluntad de La Moncloa.