El deterioro general de los servicios públicos

Es un hecho que la calidad de los servicios públicos en España viene deteriorándose desde hace algunos años, coincidiendo en el tiempo con las dificultades crecientes del Gobierno de coalición social-comunista para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que las estadísticas oficiales no reflejan en toda su intensidad esta caída en la eficiencia de las instituciones del Estado –o no la hacen en toda su dimensión–, entre otras razones, porque la información que fluye desde los distintos departamentos ministeriales tiende más a la propaganda gubernamental que al análisis ponderado de la situación.

Si hace unos días dábamos cuenta de la ingeniería contable aplicada a las cuentas de la Seguridad Social, en las que se conseguía un superávit de ingresos donde, en realidad, había déficit, ayer conocimos las dimensiones que ha alcanzado el problema de la Dependencia, pero no gracias al Ministerio de Derechos Sociales, responsable de la supervisión del servicio, sino al Observatorio Estatal para la Dependencia, organismo de la Asociación de directoras generales y gerentes de Asuntos Sociales, que son quienes están en la primera línea de batalla, tienen experiencia personal directa de las consecuencias del deterioro de las prestaciones y no están dispuestos a prestarse a interesadas confusiones con la terminología administrativa, tan dúctil cuando los responsables políticos tratan de deshacerse de las responsabilidades de una mala gestión. Así, lo que nos dice el Observatorio es que en el primer semestre de 2025, y por primera vez en diez años, la situación de la Dependencia ha ido a peor en todos sus rubros.

No sólo se ha incrementado el número de personas dependientes en lista de espera para obtener una prestación asistencial, sino también los plazos de tramitación, que están en los 342 días de media, cuando la Ley establece un periodo máximo de 180 días. En este tiempo, han fallecido 8.004 ciudadanos sin recibir ayuda alguna y hay otros 26.000 más que tienen aprobada la prestación, pero que todavía no han visto un duro. Y no hablamos de cantidades millonarias, porque la prestación por cuidados familiares está en 264 euros mensuales, y las de residencias en unos 500 euros, que apenas cubren un tercio de los costes totales.

Ciertamente, desde el Gobierno se señala a las comunidades autónomas, ya que son las haciendas autonómicas las que deben dotar presupuestariamente la Dependencia, pero se trata de una falacia política si tenemos en cuenta que no se han actualizado las cuentas autonómicas ni se ha reformado el sistema de financiación, operación sujeta, al parecer, a la satisfacción de las demandas de los nacionalistas catalanes –los vascos y navarros tienen conciertos económicos propios– sobre el cambio de modelo. Y el Gobierno de Pedro Sánchez depende de esos votos.