Dado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez es incapaz de exigir a gobiernos que gozan de una supuesta estabilidad institucional, como los de Marruecos, Argelia, Mauritania o Senegal, que asuman su responsabilidad en la protección de sus niños y adolescentes, con el ejercicio subsidiario de la patria potestad; dado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez es incapaz no sólo de poner coto a las mafias que se lucran con el tráfico de inmigrantes –con unas capacidades logísticas que son imposibles de ocultar–, sino que tiene unos socios de extrema izquierda apuntados al buenismo que no hacen más que alentar el fenómeno migratorio irregular y, por fin, dado que al Gobierno que preside Pedro Sánchez no se le advierte el menor interés en abordar una política de control de fronteras que no pase por seguir cebando financieramente a los países emisores o de tránsito de la inmigración irregular, cabría esperar una actitud alejada de la prepotencia que exhiben ministros reiteradamente reprobados, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, e intentar llegar a un acuerdo razonable con los gobiernos autonómicos, que no consista exclusivamente en «castigar» a los opositores y premiar a los nacionalistas que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa. Porque lo más dramático de la actual situación no es el espectáculo del reparto de menores, como si fueran mercancía indeseable, a los barones populares que más crispan al Gobierno, caso paradigmático de Isabel Díaz Ayuso, cuya Comunidad ya ha acogido a más de 10.000 menores no acompañados desde 2019, sino la certeza de que si no se hace nada al respecto, el problema seguirá creciendo durante las próximas décadas, puesto que no parece que la condición de abandono de la infancia en muchos países africanos vaya a cambiar a mejor. O dicho de otra forma, sería más útil que el Gobierno que preside Pedro Sánchez armara al Estado con una legislación capaz de lidiar con el problema de los menores, sin abdicar del deber de asistencia que nos impone la Constitución y el mero sentido de la humanidad, en vez de pelearse con la oposición y seguir bloqueando los tribunales con asuntos que deberían resolverse en el ámbito de la política. Con un factor añadido que no conviene desdeñar, que es el aumento de la preocupación social por el fenómeno de delincuencia inevitable en unos menores que, en muchos casos vienen dañados psicológicamente, que aunque es absolutamente minoritario –como demuestra el hecho de que más del 80 por ciento de los niños y jóvenes acogidos abandonan el sistema bien preparados para afrontar su futuro–, alimenta procesos de xenofobia y racismo, de miedo en suma, de los que se aprovechan ciertos actores políticos que no es necesario nombrar. Lamentablemente, no podemos alejar la sospecha de que en ciertos sectores de la izquierda sea eso, la polarización total, lo que procuran alentar.