Los españoles nunca asumirán la amnistía

El discurso gubernamental sobre la amnistía, cuya proposición de ley se aprobará presumiblemente hoy en la Comisión de Justicia del Congreso, ha dado un giro argumental para presentar la medida de gracia como un hecho consumado que los españoles ya habrían normalizado. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gira suramericana, ha restado importancia a la concesión de las nuevas demandas de Junts, que no explica, mientras la máquina de propaganda de La Moncloa insiste en la especie de que la norma respeta los parámetros constitucionales y la normativa de la Unión Europea, en un ejercicio de voluntarismo como se han visto pocos en la política occidental.

Pero la mera proclamación de unas virtudes que sólo se observan a la luz de la necesidad de atornillarse al cargo no otorga carta de naturaleza ni, por supuesto, la opinión pública española asumirá nunca una decisión que repugna íntimamente a la conciencia ciudadana. En este sentido, ya hemos señalado el absurdo empecinamiento del Ejecutivo a la hora de negar voz en este asunto al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal, consciente de que se iba a encontrar con un coro crítico, o, lo que roza el ridículo, el recurso a la vieja treta de presentar el documento muy negativo del Consejo de Venecia como si fuera un respaldo a La Moncloa.

Es cierto, dada la aritmética parlamentaria y la presunción de que Carles Puigdemont se ha salido con su demanda de máximos, que la Ley de Amnistía acabará por aprobarse en un tiempo relativamente corto, pese a la resistencia del Senado, en el que la oposición goza de mayoría absoluta. También, cabe suponer que la mayoría progresista que comanda Cándido Conde-Pumpido en Tribunal Constitucional se mantendrá en la actual línea de socorrer las tribulaciones gubernamentales para validar lo que los padres de la Constitución se negaron a admitir. Incluso, es probable que la Justicia Europea se avenga a admitir que los graves disturbios desatados en Cataluña para contestar unas sentencias del Tribunal Supremo dictadas con todas las garantías democráticas no fueron más que el ejercicio del derecho de manifestación.

Pero, y debemos insistir en ello, la ciudadanía española sabe exactamente lo que ocurrió en la intentona separatista catalana y está al cabo de la calle de que los responsables del procés, con Carles Puigdemont a la cabeza, no entienden la amnistía como una oportunidad de reconciliación, sino como el pago del candidato socialista para seguir en el Gobierno.

Es decir, no hay compromiso moral alguno que hayan contraído los nacionalistas con la sociedad, sino la simple ejecución de un contrato de compraventa. El sanchismo podrá envolver el paquete en seda y lazos de raso, pero no hará a los ciudadanos comulgar con ruedas de molino.