En Europa no cala la propaganda sanchista

No puede decirse que las dos misiones de exploración que ha enviado el Europarlamento a España se hayan saldado, precisamente, con un éxito para la imagen de nuestro país. Que una de las enviadas tuviera que recordarle a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que los jueces sólo aplican las leyes que elabora el Poder legislativo es mucho más que una anécdota si se tiene en cuenta que no es la primera vez que desde las autoridades comunitarias se expresa cierta preocupación por la salud de la Justicia española.

Igualmente, que desde el grupo de control financiero de la Eurocámara, presidido por la bávara Monika Holhmeier, se vinculara el destino de los fondos de Recuperación con la reforma del delito de malversación y la ausencia de respuesta del Gobierno español a las demandas de información de la Fiscalía Europea demuestra que en los cenáculos de Bruselas no cala tanto la propaganda gubernamental española, excesivamente triunfalista, como el goteo de quejas que los diferentes sectores sociales, políticos y empresariales van haciendo llegar a los órganos de control comunitarios.

En este sentido, el fácil recurso a la descalificación de las misiones europeas por el origen ideológico de la mayoría de sus miembros, en un trasunto de los usos políticos de la izquierda española, no deja de ser un error estratégico, puesto que no es factible la simple transposición de los modelos parlamentarios. O, dicho de otra forma, un responsable político que despreciara un informe de la Eurocámara con el simplista argumento de que es obra de «fascistas», como sucede con demasiada frecuencia en el Caserón de la carrera de San Jerónimo, tendría muy complicado seguir en el servicio público.

Además, las misiones no sólo han recabado información del Gobierno, sino de otros representantes institucionales, estrechamente vinculados con los asuntos a tratar y, por lo tanto, con una alta credibilidad profesional de acuerdo a los estándares europeos. Ha sido el caso de los especialistas en violencia de género del Consejo General del de Poder Judicial (CGPJ) que han proporcionado a las parlamentarias europeas los datos más actualizados sobre el número de violadores y agresores sexuales que se han visto beneficiados por la Ley del «sí es sí», que la ministra de Igualdad afirmaba que desconocía o que, simplemente, eran falsos.

Por supuesto, las misiones de la Eurocámara no están articuladas como comisiones de investigación, por lo que no pueden ir más allá de la compilación de las informaciones que quieran facilitar de buen grado los organismos institucionales concernidos, oficiales o no, pero sí pueden formarse una opinión, y formar una opinión, que, por las trazas, no parece que vaya en abono de las grandes expectativas del próximo presidente del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez.