La Eurocámara no puede constatar dónde están los fondos europeos ni si llegan a la economía real

El optimismo del Gobierno español se ha topado con la practicidad y la metodología alemana de Monika Hohlmeier, la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo, que ha chequeado de primera mano los avances en el reparto de los fondos europeos en el plan de recuperación junto a 10 europarlamentarios -seis de ellos españoles-, del que España se ha convertido en "punta de lanza europea", según reconoció, pero su examen ha detectado sombras que han encendido algunas alarmas, pese a que admitió que "no se ha detectado ninguna infracción grave" y que no hay indicios "para cortar el grifo".

En su despedida de España, Hohlmeier ha resaltado que una de las prioridades de esta comisión es la "transparencia", algo que no ha conseguido del Ejecutivo español, por lo que recomendó que los proyectos y la información sobre la financiación "debe de ser más accesibles, porque tanto el Parlamento como los ciudadanos tenemos derecho a exigir que se nos informe sobre si el dinero que se destina al plan de recuperación llega al destino adecuado". Aunque no quiso hacer sangre sobre la implantación del sistema integral de seguimiento y gestión de los hitos y objetivos (CoFFEE) y el otro, el sistema de detección de conflictos de intereses ex ante mediante minería de datos (Minerva) -los dos instrumentos del control interno con que se gestionan los fondos-, sí que sacó los colores al Gobierno en tanto que "aunque hemos confirmado que están operativos", todavía mantienen "muchas deficiencias", por lo que deben desarrollar una "mejor intercomunicación con otros sistemas", sobre todo con las comunidades autónomas, "que nos han trasladado sus dificultades y quejas, sobre todo porque ralentiza la ejecución de los fondos al provocar duplicidades de trabajo y de datos, por lo que tienen que trabajar dos veces".

En este sentido, Hohlmeier afeó que "ahora mismo, no hay posibilidad de seguir el rastro del dinero desde que se adjudica hasta que llega a su destino final", por lo que pidió "más claridad de información", tanto hacia las instituciones europeas, como al Tribunal de Cuentas y a las comunidades autónomas. También reclamó que la aplicación de los fondos deben ser "más accesible" y ha resaltado las quejas mostradas por los representantes regionales y empresariales sobre el "exceso de control y de burocracia. Aunque debe de haber un control estricto, los fondos deben llegar de manera rápida, y directa. Se debe evitar la burocracia farragosa que ahora mismo existe, quitar las trabas y dar un acceso rápido y total a pymes y autónomos, que ahora tienen muchos problemas de accesibilidad a estos fondos".

En la misma línea, Isabel Benjumea, representante del Partido Popular en la comisión, fue más allá y denunció que "no conocemos el dato real de ejecución de los fondos europeos, solo tenemos constancia de una cifra que data de agosto de 2021. Falta el dato esencial de dónde ha ido a parar el dinero recibido, esta es la gran pregunta que el Gobierno ha dejado sin respuesta".Susana Solís, la diputada de Ciudadanos entre los examinadores, se manifestó en la misma línea. "No sabemos dónde han ido a parar 3.000 millones que ya han sido asignados, solo sabemos que han sido transferidos de una administración a otra -de la Central a las comunidades-, pero hasta ahí sabemos. No tenemos ningún conocimiento del dinero que ha llegado a la economía real, algo que no han sabido, podido o querido facilitar". También han criticado que solo tres ministerios les hayan recibido -Economía, Hacienda ("aunque Montero solo se dignó a concedernos media hora")- y Seguridad Social. "El Ministerio de Industria, que tiene una enorme responsabilidad en los Perte no ha querido recibirnos". Sin embargo, Isabel García, del PSOE, no ve ningún problema y aseguró que "España ha cumplido".

Respecto a la polémica surgida sobre la rebaja del Gobierno del delito de malversación, Hohlmeier ha elevado el tono y ha resaltado su "absoluta convicción" de lucha contra el fraude. "Nuestra política es de tolerancia cero contra la corrupción. Hemos pedido al Gobierno español que nos garantice que el código penal contra el fraude y la corrupción no tenga ningún trato preferente con nadie, incluida la malversación", y exigió que se cumpla al 100%. "El código penal no puede tener ninguna excepción respecto al resto de la UE", insistió.

Respecto a las reuniones mantenidas con representantes empresariales y de las comunidades, la representante parlamentaria quiso destacar que ha tomado buena nota de sus quejas, que pasan por "criticar el exceso de burocracia" y que se han obviado las propuestas que les han presentado. También que el dinero no está llegando a la economía real. "Ahora mismo, no se nos ha podido informar sobre cuál ha sido el destino del dinero ni dónde ha llegado, pero tenemos el compromiso del Gobierno de ir ejecutándose de manera gradual. Hemos pedido que se logre un sistema efectivo que detalle cómo se gasta ese dinero y cuáles son sus destinatarios, algo que no es fácil. Pero el tema de transparencia debe mejorar". Hohlmeier, a la que le faltó media hora de puntualidad alemana, negó que hayan sufrido presiones por parte del Gobierno español o de la Comisión Europea para hacer un balance positivo de la visitas. "Nadie lo ha hecho".

Respecto al retraso en el cumplimiento de la reforma de las pensiones, no quiso ahondar demasiado, pese a que Bruselas advirtió ayer oficialmente al Gobierno de que penalizará el reparto de los fondos si no culmina la reforma de pensiones, una de las reformas fundamentales comprometidas en el plan de recuperación, que lleva ya casi dos meses de retraso. "Ha pedido una prórroga para cumplir con ese hito y tiene tiempo para cumplir con él".

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha intentado esta semana capear el temporal, explicando a la delegación las bondades de una propuesta, que sigue sin tener el consenso ni de los socios de Gobierno ni de los agentes sociales. La delegación ha tomado nota, pero algunos miembros explicaron a LA RAZÓN que este ha sido uno de los puntos "de mayor debilidad" vistos durante su visita, por lo que se presumen problemas si no se presenta en breve una propuesta consensuada.

La delegación que ha visitado España –primer país que recibió un pago en 2021 y que ha ingresado ya 31.000 millones– ha estado formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos adscritos a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, de los que siete son españoles, uno del PP, dos del PSOE, dos de Cs, uno de En Comú Podem y uno de Vox.