La inmigración es cuestión de Estado

El espectáculo, poco edificante, por cierto, de un Gobierno obligado a negociar al filo de la campana los votos precisos para aprobar unos decretos que eran auténticos cajones de sastre de normas, resoluciones y partidas presupuestarias dispares, tuvo su más difícil todavía en la cesión de las políticas migratorias a la Generalitat de Cataluña, arrancada in extremis por Junts.

Sin duda, un asunto de tal calado, con más que fundadas dudas sobre su constitucionalidad y, también, operatividad en el marco europeo, debería ser motivo de un amplio debate público o, al menos, trasladado en sus exactos términos a la ciudadanía, a sus representantes públicos y a los cuerpos de la Administración del Estado concernidos para que todos tuvieran a qué atenerse. Aunque, llegados a este punto, la pregunta que deberían responder desde el PSOE es hasta qué punto eran conscientes los negociadores socialistas de la magnitud de lo que estaban cediendo.

Porque de lo que no hay ninguna duda es de que los representantes de Junts sí sabían de lo que estaban hablando, puesto que la cesión del control de los flujos migratorios, de las contrataciones en origen y de los permisos de residencia y trabajo figuraban destacadamente en el programa electoral de la coalición nacionalista catalana que se presentó a las elecciones autonómicas previas al procés. El control migratorio y la interlocución directa sobre estos asuntos del gobierno autónomo de Cataluña con la Comisión Europea, también incluida en la demanda, formaban parte de la conformación de «estructuras nacionales» sobre las que articular la independencia.

Podrán los portavoces gubernamentales quitarle hierro a lo sucedido o, incluso, negar la mayor, puesto que nada se ha negociado en condiciones de transparencia ni, mucho menos, en las Cortes, donde se halla la representación del pueblo español, pero no podrán negar que en la estrategia del separatismo catalán figura el objetivo de establecer el control de facto sobre la frontera exterior, algo que es competencia exclusiva del Estado.

Con un problema añadido, que la parcelación de la gestión de los flujos migratorios daría alas al clientelismo más descarnado, puesto que el fenómeno de la inmigración irregular es caldo de cultivo para la demagogia populista y xenófoba, que, sea dicho de paso, está creciendo en toda Europa, pero con especial intensidad en Cataluña, donde han surgido partidos que llevan la expulsión de los extranjeros como seña de identidad y en donde cada vez más ayuntamientos ponen pegas a la hora de registrarse en el padrón municipal. Por último, contrasta la condescendencia con las pretensiones nacionalistas del Gobierno con el autoritarismo en la distribución por el resto de las comunidades de los extranjeros demandantes de asilo, caso de Madrid, donde ni siquiera se toma la cortesía de informar a las autoridades locales.