El nuevo patriotismo es trabajar a pérdidas

A tenor de la enérgica intervención del Gobierno en el episodio de la tocata y fuga de Ferrovial, de momento, sólo en el ámbito de lo declarativo, podría deducirse que el nuevo patriotismo ¿social? implica prescindir de cualquier lógica empresarial hasta el punto de tener que trabajar a pérdidas, so pena de verse retratado personalmente por el propio presidente del Ejecutivo y ante un auditorio extranjero –caso insólito en las prácticas institucionales de las democracias avanzadas–, como un antipatriota insolidario, que se hecho millonario con el dinero de los contribuyentes.

No vamos a entrar en el pequeño detalle de que la constructora en cuestión responde a un accionariado integrado por diversos fondos de inversión internacionales y de que el dinero público que se haya podido embolsar la compañía ha sido a cambio de construir las carreteras y otras infraestructuras que demandaba la sociedad, es decir, que no caían del cielo, pero sí debemos advertir de que este tipo de ataque ad hominen a personas que no tienen reproche penal alguno, pero que les pone en la picota pública, no es, precisamente, lo que se entiende en la mayor parte del mundo civilizado por «seguridad jurídica».

Vienen a cuento estas consideraciones ante la cierta posibilidad de que los portavoces gubernamentales insistan en el argumentario si, como parece probable, las grandes empresas constructoras se ven obligadas a dejar desiertos los concursos de obra pública ante la realidad crudamente económica de que el precio consignado no responde al incremento de los costes de producción, especialmente, de las materias primas –hierro, madera, cobre, aluminio, plásticos industriales–, aunque también fiscales y salariales.

Hablamos, como hoy publica LA RAZÓN, de siete mil millones de euros en juego, en buena parte consignados a los fondos europeos, y que afectan a contratación de obra pública esencial, como desaladoras, colegios, carreteras, trasvases hidrológicos y hospitales. Entre otras cuestiones, el problema radica en que el Ministerio de Hacienda ha dejado decaer el Real Decreto de revisión excepcional de precios, en contra del criterio del Ministerio de Transportes, departamento sobre el que recae la mayor responsabilidad en la implementación de los fondos «NextGenerationEU». Ya en 2022 quedaron desiertos concursos por más de 1.000 millones de euros, en una tendencia al alza que comenzó a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ciertamente, los efectos sobre las grandes constructoras españolas, que han hecho de la ingeniería nacional sinónimo de eficacia en todo el mundo, serán menores, puesto que el grueso de sus ingresos procede del exterior, como Ferrovial, pero el perjuicio para nuestra economía y, sobre todo, nuestro mercado laboral sí será importante. Claro, que al Gobierno siempre le queda el recurso de apelar al patriotismo, ese nuevo comodín político.