Un partido de Estado, también en Barcelona

No debería interpretarse como un hecho político menor, puntual, la decisión del Partido Popular de ceder sus votos al candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, una de las joyas de la corona del municipalismo español y una de las contadas plazas con las que el PSOE podía, siquiera a duras penas, disimular su aplastante derrota en los comicios municipales.

No sólo se ha hecho, además, en un momento de máxima tensión dialéctica entre los dos grandes partidos nacionales, que están llamados a disputarse en las próximas urnas el gobierno de la Nación, sino que se ha repetido allí donde debía primar la defensa del modelo constitucional frente a los separatismos, como en Vitoria, y la aritmética electoral lo hacía posible. Vaya por delante nuestra convicción de que era lo que debía hacerse, investir al candidato socialista, Jaume Collboni, como regidor de la Ciudad Condal, pero, también, la percepción de la dificultad de tal decisión, que puede no ser bien comprendida entre algunos votantes populares, en Cataluña y en el resto de España, especialmente, tras el discurso general, por momentos ofensivos, que disemina la propaganda gubernamental contra quienes disienten de la acción del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Pero a nadie en su sano juicio se le debería escapar la importancia de la encrucijada a la que se enfrentaba el líder de los populares en el Consistorio barcelonés, Daniel Sirera, compelido a neutralizar una coalición separatista que entregaba el gobierno de la segunda Ciudad de España a un representante del partido de Carles Puigdemont y, al mismo tiempo, obligado a ahorrar a sus convecinos los estragos del municipalismo progresista de la, hasta ayer, alcaldesa Ada Colau, cuyas políticas no han hecho más que degradar una capital que fue, y volverá a ser, referente en el mundo.

No es cuestión de entrar en las razones que han llevado al partido antisistema Barcelona en Comú, ahora inscrito en la plataforma «Sumar» –que era una de las bazas más apetecidas por la vicepresidenta Yolanda Díaz– a pasar a la oposición, pero, sin duda, tiene que ver con la firmeza negociadora del PP, anclada, dicho sea de paso, en la realidad que percibía la gran mayoría de los barceloneses, como también se ha hecho con el resto de los acuerdos firmados en toda España, y no sólo con Vox.

En definitiva, y es lo que a nuestro juicio más importa, la decisión de los populares, negociada con la Secretaría de Organización del PSOE, reafirma la concepción de partido de Estado que es inherente a la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, en el que los intereses generales y la defensa de la Constitución frente a los movimientos separatistas y la izquierda rupturista deben primar sobre las estrategias partidistas. El PSC gobernará, pues, en Barcelona y los socialistas salvarán algunos, pocos, muebles del desastre electoral, pero no se les ha firmado un cheque en blanco.