¿Qué hace Sánchez con nuestro dinero?

Al finalizar el primer semestre del presente año había 848.340 españoles en lista de espera quirúrgica, un 3,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el tiempo medio de espera se había incrementado en 9 días, hasta los 121, mientras que la demora para una primera consulta con un especialista se situaba en 94 días. En este caos, sólo sale bien librada la Comunidad de Madrid, con una lista de espera media de 47 días –frente a los 169 y 137 días de Andalucía y Cataluña, respectivamente, por citar comunidades con similar población– y 60 días para una primera consulta, datos que, sin duda, no gustarán a la ministra de Sanidad, Mónica García, que en su época de diputada madrileña se obsesionó con la supuesta mala situación de la Sanidad Pública en Madrid, como argumento de autoridad para atacar a Isabel Díaz Ayuso, con escaso éxito, todo hay que decirlo.

Por supuesto, las listas de espera, que no han dejado de aumentar desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, no son más que un síntoma del paulatino deterioro de los servicios públicos –ahí está la reprobación parlamentaria del ministro Óscar Puente–, que también se refleja en la ineficacia del sistema de asistencia social, como es el caso de las prestaciones por dependencia, con el oprobio de que más de 50.000 personas fallecieron el año pasado en España sin llegar a cobrar la ayuda, ya concedida.

De ahí, que sea legítimo preguntarse qué hace Sánchez con nuestro dinero, si tenemos en cuenta que la recaudación por impuestos en España no ha dejado de crecer merced a una presión fiscal que, con el 18,2 por ciento del PIB, en 2023, ha sido la más alta jamás registrada. Y la tendencia no tiene visos de cambiar. En el segundo trimestre de lo que va de año, Hacienda ha ingresado un 8 por ciento más, con un saldo de 189.853 millones de euros, un 5,5 por ciento más que el año anterior, aunque el Gobierno pretende seguir apretando a los ciudadanos, con subidas del IRPF, de Patrimonio y las cotizaciones sociales, para tratar de cumplir con Bruselas. De la reducción del gasto público, que, prácticamente se ha doblado, no se habla, pese a que el Estado ya está pagando un 16 por ciento más por lo intereses de una deuda pública que tampoco deja de crecer.

Es cierto que la parte del león de los Presupuestos se la lleva un sistema de pensiones deficitario, en un panorama desolador de empleo temporal y bajos salarios medios que augura nada bueno para el futuro. Pero el Gobierno de las múltiples «paguitas», adalid del intervencionismo, sigue insistiendo en una política de suicida de cargar con más y más impuestos a los trabajadores y las empresas, sin olvidar los ahorros de las familias. Podría justificarse si los trenes funcionaran, las carreteras no estuvieran llenas de baches o la Sanidad atendiera a un ciudadano en un tiempo razonable. Pero no.