No es una reforma, es un ataque a los jueces

De no mediar la actual ofensiva gubernamental contra los jueces que instruyen causas relacionadas con miembros del Gobierno o con familiares próximos, también sobre supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos de algunas administraciones socialistas –con sonrojantes decisiones de un Tribunal Constitucional convertido por mor de su mayoría «progresista» en una instancia más– podría contemplarse la posibilidad de reformar el acceso a la carrera judicial desde la pretensión de mejorar la selección y formación de los aspirantes.

Pero la realidad no ampara esas buenas intenciones del Ejecutivo de coalición social comunista, partiendo del hecho insólito de que el proyecto legislativo presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no considera entre sus tomas de consideración que el conocimiento de la ley por parte de los candidatos sea el principal baremo en el acceso a la carrera. Tal es el absurdo de esta postura, que el vocal del CGPJ, el magistrado José María Páez, en declaraciones a LA RAZÓN, no duda en afirmar que «la ley es la piedra angular de nuestro sistema de convivencia», por lo que «el principal requisito para ser juez es conocer la ley perfectamente y para eso está el control del examen de oposición. Una vez superado, tenemos un periodo de dos años para afinar en la redacción de resoluciones y realizar las prácticas suficientes».

Pero claro, adquirir ese conocimiento de la ley no depende de cursar carísimos másteres, seguir estudios en prestigiosas universidades extranjeras o pertenecer a pomposos linajes jurídicos sino del esfuerzo y la constancia de quien oposita y lo hace en igualdad de condiciones, por más que, como en otras profesiones, el ambiente y la tradición familiar puedan influir. Pero, en cualquier caso, sin el conocimiento a fondo de las leyes y de sus códigos y sin tener aprobada la carrera de Derecho no se llega a ser juez.

De ahí, que suponga un insulto gratuito, fruto de los prejuicios ideológicos y de los marcos mentales de la izquierda, considerar como gremio de privilegiados a quienes acceden a la carrera judicial y, por lo tanto, capaces de actuar contra el ordenamiento jurídico y el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley por su origen de cuna. Esa barbaridad subyace en la mayoría de las críticas, cuando no simples injurias, que están recibiendo los jueces y magistrados españoles. Críticas procedentes del propio seno del Gobierno de la Nación y de un sector del Parlamento, igualmente colonizado por el Poder Ejecutivo, comenzando por la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol. Visto, además, el cariz de los nombramientos en los principales cargos discrecionales –desde la Fiscalía General del Estado al Tribunal Constitucional, pasando por la Abogacía del Estado–, cualquier reforma en la Justicia impulsada por este Gobierno causa alarma social.