La «regeneración» como cortina de humo

Inevitablemente, mientras el presidente del Gobierno expresaba sus quejas, sobrevolaba el Hemiciclo de la carrera de San Jerónimo la noticia de la remisión al juzgado por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de la denuncia de un presunto delito de apropiación indebida, atribuido a su esposa, Begoña Gómez. Un frente judicial más en el largo culebrón que salpica a La Moncloa y que, por las trazas, está en el origen del afán regenerador de la democracia española que monopoliza el discurso político gubernamental.

Por supuesto, no hay tal. La intervención parlamentaria del jefe del Ejecutivo se limitó a la exposición del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, pero explicándolo como si fuera un instrumento para la vigilancia de la mala praxis periodística en lugar de un refuerzo para la garantía de la libertad de información, que es un derecho fundamental en las democracias occidentales. Habló, también, de Transparencia, el presidente de un Gobierno frecuentemente recriminado por su obscurantismo en la gestión y utilización de los medios del Estado, y, en un espectáculo que por momentos rayaba el surrealismo, denunció la supuesta factoría de bulos y desinformación de la extrema derecha mientras él mismo, desde la Tribuna del Congreso, daba pábulo al enésimo bulo –la censura de un libro sobre el narcotráfico– esparcido contra el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En definitiva, asistimos al manido ejercicio de la victimización de un gobierno supuestamente acosado por poderes ocultos y fuerzas malignas, a modo de cortina de humo que cubriera en lo posible la peripecia judicial de sus familiares más cercanos. Vano intento que no tendría mayor trascendencia si no fuera porque fue oportunamente utilizado por algunos de sus socios de la mayoría parlamentaria para negar la calidad de la democracia española y cuestionar el vigente orden constitucional. El único aspecto positivo de la sesión parlamentaria fue escuchar de primera mano lo que entiende la disminuida extrema izquierda podemita por libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

Ciertamente, nada tenemos contra todas aquellas medidas que favorezcan el mayor control ciudadano de la gestión gubernamental y de la actuación del Poder Legislativo. Tampoco, por supuesto, de la transcripción a nuestro corpus jurídico del Reglamento Europeo sobre los medios de comunicación, para garantizar mayores espacios de libertad, pero mucho nos tememos que, ayer, en el Congreso, el presidente del Gobierno estaba en otras cosas. En alentar las dudas sobre la imparcialidad de los jueces y en cuestionar la probidad de los medios de comunicación críticos con el discurso gubernamental, sobre quienes también sobrevolaba una indefinida pero cierta amenaza de ponerles en su sitio.