Reparto de menores como premio o castigo

Una vez más, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha conseguido convertir una decisión política obligada por las circunstancias, como es el alivio de la carga social y económica que supone para Canarias el acogimiento de los menores inmigrantes no acompañados, en un agravio comparativo de difícil encaje, indisociable de su minoría parlamentaria. Ciertamente, si se ha caído el relato que preparaban los propagandistas de La Moncloa, con el eje puesto en la solidaridad y la corresponsabilidad de todos, ha sido gracias a ese profundo sentido de la oportunidad política que caracteriza al partido de Carles Puigdemont, que se esmera en vender sus apoyos al gobierno sanchista como trágalas a la mayor gloria del nacionalismo catalán.

Así, un acuerdo que podría ser objeto de críticas razonables ha pasado a convertirse en piedra de toque de la discordia interterritorial y en frente de batalla de las comunidades populares con el Gobierno. Ha bastado con que desde Junts se adelantaran las cifras del reparto entre Madrid y Cataluña –setecientos menores frente a treinta– para que la opinión pública haya interiorizado el hecho de la desigualdad de trato, con los menores como premio o castigo, según la orientación del voto en cada región. Dicho de otra forma, Pedro Sánchez acomete otra venganza sobre Isabel Díaz Ayuso en las espaldas de los madrileños, pese a que la Comunidad de Madrid es de las que más menores no acompañados tutela y tiene sus centros de acogida en riesgo de saturación.

Pero más allá del reparto y de la necesidad de aliviar la carga de Canarias, el problema de fondo no cambia un ápice. El Gobierno se desentiende de las necesidades de financiación que supone el acogimiento de unos adolescentes que cada año llegan a nuestras fronteras en mayor número, la gran mayoría procedentes de Marruecos, sin perspectiva de que la situación vaya a cambiar. Es más, a medida que se amplían las medidas de protección y se alargan los plazos de los permisos de residencia a los jóvenes ex tutelados, tal y como determinó la última reforma del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la materia, se sostiene en el tiempo un efecto llamada que es inútil negar porque es realidad cotidiana en muchos pueblos y ciudades de España.

Por supuesto, la inmensa mayoría de estos menores sale adelante gracias al esfuerzo de las instituciones españolas encargadas de su acogimiento y de su propia voluntad por prosperar, algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosos, frente a los discursos catastrofistas al uso. Pero también es cierto que los servicios sociales están al límite y hace falta que el Gobierno se involucre directamente en su financiación, por más que lo fácil sea trasladar el problema a los demás, como sucede con la escasez de vivienda. Porque reclamar a los países de origen que se preocupen de sus niños es brindar al sol.