La retirada in extremis por parte del Gobierno del proyecto de la Ley del Suelo no es sólo un hecho políticamente insólito, puesto que había pasado por un Consejo de Ministros en el que también se sientan quienes han propiciado su fracaso, sino la demostración de que es muy difícil gobernar con unos socios parlamentarios de conveniencia, con agenda propia y sin el menor sentido de Estado.

Por supuesto, el Ejecutivo puede recurrir al comodín de «la culpa es del PP», pero es un argumento que se viene abajo una vez que sus compañeros de Gabinete, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, han explicado las profundas diferencias ideológicas en las que sustentan su rechazo, las mismas, sea dicho de paso, que provocan el enorme déficit del parque de viviendas que padece España.

Desde toda evidencia, una ley que pretende eliminar restricciones a los proyectos urbanísticos de los ayuntamientos y reconducir el «filibusterismo judicial» con el que la izquierda radical consigue retrasar sistemáticamente los desarrollos inmobiliarios en las grandes ciudades, debería haber sido acordada entre los dos grandes partidos políticos nacionales, el PP y el PSOE, cuyos municipios afrontan problemas de índole similar, pero, para ello, hubiera sido preciso que desde el Gobierno se solicitara el apoyo de la oposición y se negociara el contenido de la ley.

Presuponer la obligación de asistencia de los populares, como ha hecho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es un ejercicio voluntarista, no exento de cierto cinismo, por cuanto la estrategia del fango y la confrontación que se sigue desde La Moncloa, con episodios vergonzantes demasiado recientes, no fomenta, precisamente, un clima de cooperación. Por otra parte, este escenario ya lo había adelantado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando rechazó un primer Ejecutivo de coalición con Pablo Iglesias «porque le quitaría el sueño», en una premonición fatalmente cumplida.

Ciertamente, el periodo electoral influye en la política de gestos de sus socios, pero creemos que, en este caso, como con el proyecto de abolición de la prostitución, operan esas diferencias ideológicas a las que ya hemos hecho referencia, que demonizan el mercado inmobiliario. Y no puede quejarse el presidente del Gobierno de estos golpes, porque era consciente de que la única manera de seguir en La Moncloa era radicalizando sus políticas y cediendo a las exigencias de los partidos nacionalistas.

Si en algún momento Sánchez creyó que bastaría con excavar un foso contra las derechas y elevar el tono de los reproches hacia la oposición para garantizarse el ejercicio del poder comprobará su equivocación. No sólo por la parálisis legislativa de su gobierno, incapaz de aprobar los Presupuestos, sino porque desde Cataluña ya asoma la amenaza de una moción de censura.