La “ley Celaá” aguanta la primera embestida en el Congreso

Se ha tramitado durante el confinamiento y hoy ha resistido la primera embestida en el Congreso. Los grupos de la Cámara rechazaron por 195 votos en contra y 153 a favor las enmiendas a la totalidad de la «ley Celaá» de PP, Cs y Vox que pedían al Gobierno su devolución. Se abre ahora un período de aportaciones desde todos los grupos políticos que conducirá a lo que será la octava ley educativa de la Democracia. Estará lista, previsiblemente, a principios de enero de 2021, cuando habrá concluido todo el trámite parlamentario.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió la necesidad de su ley «para corregir las consecuencias más negativas de la Lomce», que desde su punto de vista, provocó «un fuerte abuso de la repetición, la caída de las tasas brutas de titulación y recortes en la educación».

¿Por qué es necesaria su ley? «Porque aumenta las oportunidades formativas de toda la población, el currículum es más ágil y moderno y menos enciclopédico, se eliminan dobles vías de sistema, refuerza la equidad con medidas que evitan la segregación y personaliza el aprendizaje, permite la autonomía de los centros, mejora la evaluación y reformula la enseñanza del castellano», dijo entre la retahíla de bondades.

El proyecto de ley se encontró con el rechazo frontal del PP que anunció que, cuando acabe la pandemia, presentará una alternativa a la ley fruto de las aportaciones de los 84 expertos que acudieron al Congreso la pasada legislatura para hacer sus aportaciones cuando se intentó conseguir sin éxito un pacto de Estado. De hecho, la portavoz popular de Educación, Sandra Moneo, aprovechó para echar en cara al PSOE que se levantara de la mesa del pacto y no pudiera llegar a buen puerto después de año y medio de reuniones infructuosas. Moneo defendió la ley que diseñó el PP, la Lomce, que «permitió nueve puntos menos de abandono temprano, más profesores y alumnos becados y que más estudiantes apostaran por la FP hasta lograr una ratio profesor-alumno más baja que en otros países europeos». Después se encaró con la ministra para interpelarla: ¿de qué recortes me está usted hablando?», dijo en contestación a las acusaciones de Celaá. Moneo afeó a la ministra por presentar una ley en pleno estado de alarma y calificó la Lomloe, como «un golpe mortal a la calidad del sistema, es la ley del oscurantismo”, sentenció. En su opinión, la reforma de Celaá, «recorta derechos fundamentales al no permitir a los padres elegir la educación que quieren para sus hijos» y ya avisó que el PP pediría la retirada de la disposición adicional cuarta de la ley relacionada con la educación especial.

Cs: «No toca»

Cs también fue especialmente crítico con una ley que «no toca» ahora tramitar y que «tiene grandes sesgos ideológicos» porque trata de imponer «una reforma estructural de calado no consensuada» en una situación de «emergencia educativa». «Hace Usted a Wert campeón del diálogo», llegó a decir su portavoz, Marta Martín. Ya avisó de que «la reforma nace muerta por su forma y fondo» y reprochó a la ministra que la llevara a la Cámara Baja sin pasar los trámites preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Escolar. Pero Martín dejó una vía de diálogo abierta. Tendió la mano al Gobierno para solicitar la reapertura de un pacto educativo postpandemia ante una reforma que tachó de «chapuza exprés» porque «la pandemia lo ha cambiado todo». Por eso invitó a Celaá a congelar los plazos de presentación de las enmiendas parciales para llegar a un acuerdo de mínimos.

Vox rechazó la ley Celaá y su portavoz, Georgina Trías Gil, aprovechó para reclamar, una ley que contemple el «pin» parental, que rechace la ideología de género, que defienda la educación diferenciada y que la asignatura de Religión siga contando en el expediente académico de los alumnos para hacer media. Trías rechazó la «ley Celaá» porque «se ha hecho a espaladas de la naturaleza humana, genera mayor absentismo y fracaso escolar y de la espalda a la libertad». Y no sólo eso rechazó la ley porque «impide a los padres elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos e impone su agenda ideológica».