Un ¿voto de confianza? para el voto electrónico

La tecnología está preparada para que todos los ciudadanos pudieran votar de manera electrónica, incluso en unas elecciones. Algunos ejemplos de participación ciudadana en nuestro país, el hecho de que en el Congreso de los Diputados o en parlamentos autonómicos se pueda votar de forma telemática o el caso de Estonia (donde el e-voto es una realidad desde hace más de una década) ponen de relieve que votar de forma no presencial es posible.

Sin embargo, hay ciertas barreras que impiden un desarrollo completo de estas opciones, como legales (haría falta, por ejemplo, una modificación de la Ley Electoral) y sociales (como generar confianza de que el sistema no va a sufrir un ciberataque y que cumple con todas las garantías como el voto presencial).

La opción italiana

En este contexto, acaba de llegar a España una compañía italiana que lleva 20 años permitiendo el voto electrónico, con todas las garantías legales, en federaciones, asociaciones y otro tipo de entidades.

Irene Pugliatti, CEO de Eligo eVoting, explica a La Razón que su sistema no es para hacer encuestas sino que son votaciones que tienen validez legal. «Puede ser verificable y es válido desde un punto de vista legal» transformando el voto de papel en bits. «Cuando votas, recibes tus credenciales para hacerlo o para que puedas acceder con credenciales si tienes identificación electrónica», como la que aporta el DNI electrónico en el caso de España. Además, el sistema incluye autenticación multifactor para verificar que la persona es quien dice ser. Al entrar en Eligo eVoting, las personas encuentran su papeleta. «Luego eliges a tu candidato o eliges tu propuesta y el sistema te pide que revises y confirmes, tal y como piden las normas de la Unión Europea. Una vez que confirmas, el sistema separa la información entre voto y votante» para que se garantice la confidencialidad del voto y se asegure que es anónimo.

Según Jesús López, abogado y director de Bufete Amigo, este mismo sistema se podría aplicar de cara a unas elecciones representativas con un voto electrónico. «Es tan simple y sencillo como estar constituyendo dos bases de datos no relacionadas entre sí: una con el voto emitido y otra con la persona que ha realizado el voto», detalla. En su opinión, el problema es que, en estos momentos, estas gestiones tecnológicas dependerían de proveedores externos, lo que conllevaría un esfuerzo adicional de auditoría para verificar que todo el proceso se ha realizado convenientemente. Algo que, no obstante, considera que no debería ser un problema puesto que «tenemos cosas muchísimo más complejas, como es la gestión de todos los procesos judiciales que se realiza de forma telemática, y en los que hay muchos datos de carácter personal involucrados, sin que haya problemas para llevarlos a cabo».

Irene Pugliatti defiende que su empresa no posee, por tanto, información ni del proceso de votación ni de los participantes, y que todos los datos se encriptan para mayor seguridad. «La producción de los resultados finales está en un PDF que está sellado digitalmente, lo cual es importante para asegurar que nadie pueda modificarlo», detalla. «Obviamente, verificamos que una persona solo pueda votar una vez porque todos tenemos una ID única», detalla. Además, se da la opción de usar otras alternativas como la biometría, pero asegura que en los procesos en los que intervienen no suele hacer falta llegar a esos extremos porque el objetivo, en muchas ocasiones, es incrementar la participación.

Por eso, asegura que su mercado objetivo en España está formado por tres tipos de entidades: universidades, federaciones deportivas y otro tipo de asociaciones. «Las universidades son una institución democrática», asegura, añadiendo que todos los niveles de las personas que toman decisiones dentro de las universidades son elegidos, por lo que «si abres esta participación, todo irá bien».

Además, asegura que a nivel europeo se pretende garantizar que el sistema y las votaciones de las entidades sea más transparente. Algo que, asegura, les beneficia.

Mejorar la participación ciudadana

Esta emprendedora asegura que el reto de su empresa es mejorar la participación ciudadana y, por tanto, la calidad democrática. Un reto que la tecnología puede cumplir y cuya visión comparte con Pablo Martín, director de tecnología de Political Watch, un think tank que tiene el reto de hacer la política más accesible, más transparente y más sencilla. «La transformación digital es que las herramientas que el Estado, los parlamentos, ponen a disposición de la ciudadanía estén pensada para la ciudadanía», reclama Martín, quien alude a la complejidad de usar los certificados digitales para muchos de estos procesos. «Soy ingeniero informático y no he sido capaz de usar el certificado de mi DNI», confiesa para ilustrar lo difícil que para muchas personas puede llegar a ser.

Para el responsable de Political Watch, «la tecnología es posibilitadora de una mejora democrática, pero la tecnología no va a solucionar por sí sola las cosas», reclamando que exista más transparencia por parte de los organismos públicos, pero también mayor información y conciencia crítica por parte de los votantes. «Aún podemos usar tecnologías antiguas y aburridas para mejorar la transparencia», señala como ejemplo, añadiendo que se pueden usar herramientas de participación que permitan «tener un equilibrio entre democracia representativa y democracia directa para algunas cuestiones».

Obstáculos para un e-voto

Todos los expertos consultados coinciden en que, a nivel tecnológico, no hay ningún obstáculo para que en España pudiéramos celebrar unas elecciones de manera electrónica.

«Hay muchísimas cosas que solventar antes de llegar a tener una participación digital efectiva, segura, cifrada», relata Martín. Como añade Jesús López, abogado y director del Bufete Amigo, la barrera digital es una de ellas, puesto que hay un grupo de personas que pueden estar más acostumbrados a hacer trámites telemáticos con la administración y a los que no les resultaría una traba tener que usar certificados digitales, mientras que el resto no sabrían hacer uso de esta modalidad de voto. «Esto podría provocar un sesgo», advierte, sobre todo si, como pasa con la presentación de impuestos o con trámites bancarios, la opción digital es la única disponible.

Además, López añade que «en los libros de Derecho Constitucional» aparecen qué medidas se deben adoptar como garantía de que el voto emitido sea independiente y libre. Las cabinas en los colegios electorales o la obligación de cerrar el sobre delante del funcionario de correos son algunas de esas medidas. «Esta es la teoría, la que dice que si tú estás en tu casa y estás emitiendo el voto electrónico, no tienes ese momento de libertad porque la persona que está coaccionando tu voto puede estar contigo», detalla. «Estas garantías analógicas que fueron necesarias en la España de 1978 para evitar que hubiera caciquismo en nuestras elecciones, están superadas», añade.

Por eso, considera que la «desconfianza hacia el voto electrónico es infundada» y que tiene más que ver con todo lo que rodea la tecnología digital. «Esas garantías legales que tenemos son perfectamente salvables» para habilitar el voto por sistemas electrónicos.

El ejemplo de Estonia, el país donde todo es digital

En 2005, Estonia se convirtió en el primer país en ofrecer el voto por internet en unas elecciones nacionales. Para hacerlo, el país emplea el sistema de i-Voting, que permite emitir el voto desde cualquier ordenador con conexión a Internet: basta con autenticarse y firmar digitalmente con su e-ID (identificación digital) para que se valide este sistema de votación.

Cabe señalar que el DNIe 4.0 español y el estonio son prácticamente iguales: llevan el mismo tipo de chip, tecnología NFC y certificados para identificarse y firmar electrónicamente que los cualifican como el nivel más alto de garantía. Pero mientras en nuestro país su uso es limitado, en Estonia se usa para todo, gracias a cómo se hizo su implantación (su uso es obligatorio, por lo que los 1,4 millones de habitantes recibieron información y formación sobre qué era, en qué consistía y para qué podía usarse) y a sus casos de uso (la colaboración con las empresas privadas es fundamental).

En 2023, el 51% de los votantes ejercieron el voto por internet en las elecciones locales, parlamentarias y al Parlamento Europeo.