Dos curas vascos piden beneficios para los etarras en nombre del Magisterio de la Iglesia

El ambiente generado en España en torno a determinado tipo de presos y la posibilidad de que obtengan beneficios penitenciarios, podría estar detrás de la petición que dos sacerdotes de la localidad guipuzcoana de Usúrbil han realizado para que dos reclusos de ETA, que forman pareja y que tienen una hija, sean trasladados a la prisión de Martutene, en San Sebastián, desde la Picassent, en Valencia, donde cumplen condena.

Llama la atención que dos curas vascos salgan a la palestra para reclamar la concesión del tercer grado penitenciario a los citados reclusos, cuando durante tanto tiempo se echaron en falta gestos de apoyo y conmiseración por parte de la Iglesia vasca con los hijos de las víctimas causadas por la citada banda terrorista.

El argumento de los sacerdotes Ibon Alberdi y Juan Luis Murua es que los etarras Olatz Lasagabaster y Patxi Uranga tienen una niña que pronto cumplirá tres años y que, por lo tanto, ya no podrá seguir viviendo con su madre en Picassent, sino con su abuela en el País Vasco.

Los dos religiosos de la parroquia Salbatore de Usurbil muestran su "preocupación" por las "consecuencias negativas graves" que puede tener para la niña su salida de la prisión en la que hasta ahora ha vivido con su madre. Por este motivo, aludiendo al "magisterio de la Iglesia Católica sobre los derechos y deberes de los padres para con sus hijos", los párrocos "sugieren" como "mejor solución para la niña", que los dos presos de ETA sean trasladados a la prisión de Martutene, en San Sebastián, y accedan al tercer grado penitenciario, "dado que ya han cumplido una parte muy importante de la condena".

En medios antiterroristas se subraya que estos curas hagan referencia al “magisterio de la Iglesia”, que tanta falta habría hecho a las víctimas durante las cuatro décadas de terror etarra.

Lagasabaster y Uranga fueron detenidos el 23 de mayo de 2009 y condenados en 2011 a 12 años de prisión por formar parte del “comando Mikelats”.

En su sentencia, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideraba probado que Uranga y Lasagabaster, que eran pareja sentimental, accedieron a integrar el citado comando, cuya denominación fue elegida por ellos y aceptada por ETA, tras mantener él una cita con un miembro de la banda terrorista en la zona de Ventas de Orio, en Guipúzcoa. Tras recibir un mensaje de la banda, la pareja se trasladó el 19 y 20 de septiembre de 2008 al sur de Francia para asistir a un curso de manejo de explosivos y el 22 de septiembre les fue entregado en Iturrioz material explosivo que guardaron bajo una escalera de su domicilio: 11 kilos de aluminio en polvo y 55 kilos de nitrato amónico con el anagrama de ETA, así como varios archivos relacionados con la banda terrorista. La petición de los sacerdotes no parece ajena a la campaña que se ha lanzado este mismo mes desde el entorno proetarra para “llamar la atención” de que “más de un centenar de menores de edad sufren la política de alejamiento carcelario aplicada a los presos y presas vascas”. El último número de la revista de Presoen Aldeko Batzordea, de Sortu, ‘‘KaleraInfo’’, ofrece algunos datos: 53 de ellos se encuentran encerrados a más de 500 kilómetros de casa, por lo que sus hijos e hijas tienen que recorrer más de 1.000 para llegar allí, visitarlos y poder volver a sus localidades. Dentro de este grupo –prosigue-- emerge el de los menores que tienen a ambos progenitores encarcelados. Hay nueve parejas con hijos e hijas dentro del colectivo alejado, aunque en cinco de estos casos son tan pequeños que aún pueden convivir con sus madres en la cárcel. Así ocurre con Beatriz Etxebarria en Aranjuez y con Idoia Mendizabal, María Lizarraga y Olatz Lasagabaster en Picassent (Valencia), donde también están recluidos sus padres, a quienes los niños y niñas pueden ver de modo esporádico.

Precisamente, citaban el caso de Lasagabaster y Patxi Uranga, en el mismo penal, que “está de plena actualidad, porque su hija Xua puede ser separada de ambos en enero, al cumplir la edad tope, pese a que ambos cumplen los requisitos para acceder a la libertad condicional y deberían estar por tanto en casa”.

El relato continúa con la enumeración de otros casos en los que, como es habitual, no se hace referencia a las víctimas causadas por ETA.