El Supremo deja a Torra sin escaño y el president se niega a acatarlo

El cerco judicial sobre Quim Torra se estrechó ayer aún más, después de que el Tribunal Supremo mantuviese la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que le inhabilitaba para ocupar un escaño en el Parlament por su condena a año y medio de inhabilitación al negarse a retirar los lazos amarillos de las instituciones, como se le había ordenado judicialmente. De esta forma, el Alto Tribunal rechazaba la suspensión cautelar de ese acuerdo hasta la resolución del recurso contra el acuerdo de la JEC, petición de la defensa de Torra a la que se adhirió la Fiscalía. De hecho, la Junta Electoral de Barcelona dio ayer al Parlament 48 horas para que facilite el nombre de quien le vaya a sustituir.

La decisión de la Sala, adoptada por unanimidad, tiene tres ejes principales: considerar que una resolución definitiva favorable sobre el fondo del asunto, es decir, estimar el recurso contra el acuerdo de la JEC, no causaría perjuicio a Torra, no apreciar rasgos de inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central que esgrimió la Junta Electoral Central, y que, en estos momentos «el interés general que debe prevalecer ahora es el que está presente en la sentencia condenatoria» que le inhabilitó y que derivó en la resolución citada de la Junta Electoral. Y todo ello, sin que esta decisión suponga prejuzgar sobre el fondo del asunto, que será «en un plazo razonable». Así, en cuanto al argumento de la defensa de Torra de considerar que si no se acordaba esa suspensión cautelar, se causaría un perjuicio difícil de compensar, el Supremo rechaza esa tesis porque si finalmente se estimase la impugnación «podría añadirse un pronunciamiento de anulación de la expedición de la credencial expedida por la Junta Electoral Central al sustituto», por lo que no se pierde la finalidad del recurso.

Además, la Sala no ve motivos para plantear ninguna cuestión de inconstitucionalidad contra los artículos de la LOREG que establecen tanto la inelegibilidad de los condenados, aunque no lo sean por sentencia firme, de los condenado por delitos contra la Administración Pública –entre los que se encuentra el de desobediencia a las resoluciones judiciales– y el de fijar que las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. En este punto, argumenta el Supremo que el hecho de que la LOREG prevea la ineligibildad de esos condenado tiene objetivo el dotar de «una mayor protección» a las instituciones públicas» por la «ejemplaridad social exigible a quien ejerce función pública. Pese a este decisión del Supremo,

Torra se aferra tanto al escaño como a su cargo de presidente de la Generalitat. Lejos de asumir la inhabilitación, advirtió de que resistirá en el escaño y trasladará al Parlament toda la presión. «Soy diputado y president porque así lo decidió la ciudadanía y lo votó el Parlament». Además, recordó que ha contado con el respaldo de la Cámara catalana hasta en dos ocasiones: al ser investido y tras recibir el apoyo mayoritario en un Pleno extraordinario celebrado el 4 de enero, que votó a favor de ratificarle como diputado y president. «Ahora no nos echaremos atrás», aseguró en un aviso velado dirigido a ERC.

Mientras la Junta Electoral Provincial de Barcelona ejecuta la retirada del acta y expide la credencial para el diputado sustituto, el Parlament, controlado por ERC, tendrá la última palabra y deberá tomar una decisión de inmediato ya que el lunes hay un Pleno y será la primera ocasión para comprobar si Torra es diputado y vota. Su presidente vuelve a situarse en el punto de mira del independentismo ante una situación comprometida jurídicamente –debe ejecutar la inhabilitación–.

El presidente del Parlament ha sostenido desde el primer momento que defenderá a Torra, pero tras el pronunciamiento del Supremo la situación se ha tornado mucho más sensible. El PSC y Cs pidieron ayer un informe a los letrados del Parlament para que den su parecer. El PP ya anunció una querella contra Torrent si desobedece la decisión del Supremo. Pese a perder el escaño, Torra podrá seguir como president hasta que el Alto Tribunal resuelve su recurso contra la sentencia del TSJC, que le condenó a 18 meses de inhabilitación, porque el Parlament sostiene que no es indispensable mantener la condición de diputado para continuar como president.