El Tribunal de Estrasburgo da la razón a España y avala las “devoluciones en caliente” en la valla de Melilla

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) avaló ayer las denominadas devoluciones en caliente practicadas por el Gobierno español, en lo que supone una enmienda a la totalidad de la sentencia condenatoria de la Sala de 2017 por “expulsión colectiva sin medida judicial previa”.

Se trata de un tema de máxima sensibilidad política y que puede tener repercusiones para la política migratoria europea, sobre todo en los países de entrada al territorio comunitario. El fallo respalda los «rechazos en frontera» que el entonces ministro Jorge Fernández Díaz dio forma legal con la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los gobiernos belga, italiano y francés fueron autorizados a intervenir en el proceso y presentaron sus propias observaciones. Aunque la legislación europea ampara la deportación de los inmigrantes ilegales, la Convención de Derechos Humanos prohíbe las «expulsiones colectivas» y ampara a los demandantes de asilo, cuyo caso debe tratarse de manera individualizada para verificar si están siendo perseguidos en sus lugares de origen por una motivación política, religiosa, étnica o su condición sexual. En consecuencia, también tienen derecho a asistencia jurídica.

Este fallo se ha aprobado por la unanimidad de los 17 jueces que forman la Gran Sala del alto tribunal, contra el que ya no cabe recurso. Esta sentencia se refiere al caso de dos migrantes africanos (uno de Costa de Marfil y otro procedente de Mali) que intentaron acceder al territorio español a través de la frontera española en el año 2014, lo que conllevó su expulsión a Marruecos por parte de las fuerzas de seguridad españolas.

Hasta la sentencia conocida ayer, el tribunal de Derechos Humanos había considerado que estas personas debían haber tenido derecho a ser identificadas sobre su procedencia y la opción de solicitar asilo en nuestro país, según sus condiciones personales. En su anterior fallo, el alto tribunal dictaminó que los dos migrantes tenían derecho a una indemnización cada uno de 5.000 euros por parte de las autoridades españolas. Sin embargo, la Gran Sala cambia ahora de criterio y mantiene que los demandantes son culpables de haberse puesto ellos mismos en una «situación de ilegalidad» ya que intentaron franquear la protección de la frontera de Melilla «a través de lugares no autorizados, dentro de un grupo numeroso y aprovechando el efecto de la masa y recurriendo a la fuerza». Por eso, Estrasburgo defiende que estos dos migrantes prefirieron no utilizar las vías legales a su disposición para llegar el territorio español.

De esta manera, el tribunal defiende que la decisión de las autoridades españolas de no proceder a un tratamiento individualizado ante una posible petición de asilo fue a consecuencia del propio comportamiento de los demandantes. En consecuencia, el alto tribunal concluye que España no ha violado la legislación de la Convención europea de Derechos Humanos y le exime de cualquier tipo de indemnización a estos migrantes.

Aunque el partido socialista había criticado cuando se encontraba en la oposición estas devoluciones en caliente al tacharlas como inconstitucionales, no retiró el recurso impuesto por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha preferido esperar a este sentencia antes de tomar algún tipo de decisión.