Los presos etarras exigen videollamadas pagadas por el estado.

La pandemia de coronavirus, un problema que de una manera u otra afecta a toda la población, pretende ser aprovechado por los presos etarras para obtener una serie de beneficios, entre los que figuran excarcelaciones para los que hayan cumplido 70 años (independientemente de las condenas que pesen sobre ellos); y la salida de prisión de los que hayan disfrutado de algún permiso a los que, según ellos, se les debe conceder el tercer grado penitenciario.

Según han hecho saber a través de la asociación que reúne a la mayoría de sus familiares, “la situación (por el coronavirus) exige actuaciones valientes que, de cualquier modo, vienen ya avaladas por la legislación actual. Queremos recordar que muchas presas y presos deberían estar ya en libertad y que solo les mantiene en prisión la voluntad de burlar la propia legislación para aplicar castigos añadidos a las condenas impuestas”.

Por todo ello, piden la excarcelación inmediata de presas y presos gravemente enfermos; y la de lo que hayan cumplido 70 años.

Asimismo, la salida de la cárcel de los reclusos en situación de acceder a la libertad condicional, medida que el Estado francés deniega sistemáticamente. Se lo tendrán que pedir a las autoridades galas.

Especial importancia tiene la exigencia de que sean excarcelados, por aplicación del tercer grado, los que ya hayan disfrutado de permisos al estar clasificados en segundo. “Una vez concedidos los permisos, la concesión del tercer grado se reduce a una simple cuestión de plazos”, aseguran.

Por lo que se refiere al interior de las cárceles, piden que se les faciliten “las medidas de prevención, protección y desinfección contemplados en los protocolos de seguridad para hacer frente al coronavirus; y que se refuercen los equipos médicos en las prisiones para garantizar la asistencia médica durante las 24 horas del día, con la eficacia y la seguridad que exigen las características de esta pandemia.

Finalmente, “la instalación de sistemas de videollamadas en las cárceles para evitar las consecuencias de la suspensión de comunicaciones. Que la administración penitenciaria asuma el coste económico de todas las llamadas telefónicas”.

De nuevo, como es habitual, no aprovechan este comunicado para ofrecer colaboración con la Justicia con el fin de esclarecer los crímenes cuya autoría se desconoce; perdón a las víctimas que causaron y el compromiso de pagarles los millones de euros que les deben en concepto de responsabilidad. Más de lo mismo,