Evitar un colapso generalizado en la Administración de Justicia, agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables, y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente. Estos son los principales objetivos objetivos de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial para la elaboración de un “plan de choque” ante la situación “inédita y excepcional” a la que se van a tener que enfrentar los juzgados una vez que se recupere la “normalidad” tras el estado de alarma. El estudio del Consejo, analizado hoy por su Comisión Permanente –presidida por Carlos Lesmes-, ya indica que miles de pequeñas empresas no podrán subsistir a la crisis, que se prevé más grave que la de 2009, y tendrán que acudir al concurso de acreedores. Pero no sólo las empresas, sino que las previsiones apuntan igualmente a que serán miles y miles los ciudadanos no empresarios que no podrán hacer frente a sus pagos habituales –alquileres, hipotecas, pago de pensiones alimenticias, etc- y también acudirán al juez para intentar paliar en parte esa situación y buscar una “segunda oportunidad”. La puesta en práctica de muchas de las medidas propuestas conllevaría cambios en distintas leyes, que deberían ser refrendadas por el Parlamento. El Consejo remitirá de forma inmediata sus propuestas al Ministerio de Justicia.

Junto a ello, el Consejo tampoco tiene dudas de que se producirán no pocas reclamaciones, de responsabilidad civil por falta de adopción de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, de la falta de adopción de medidas de protección en el trabajo durante la pandemia. En esa misma línea, y en relación con la litigiosidad en materia de desempleo, se prevé que los juzgados de lo Social, encargados de dirimir esa materia, las estimaciones apuntan a que pueden tener a corto plazo una entrada de más de 60.000 nuevas demandas de esa naturaleza.

En relación con los ERTes que se han producido, y que deberán ser ratificados judicialmente, lo va a incidir igualmente en el aumento de la carga de los juzgados correspondientes, el CGPJ aboga por facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos, que contribuirá a resolver la controversia en un único pleito; así como otorgar el carácter de urgente y preferente la tramitación de los procedimientos relacionados con la reclamación por despido, así como a los procedimientos relacionados con la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso.

Por otro lado, se defiende la necesidad de reformar la Ley Concursal para evitar despojar al deudor de su vivienda habitual cuando no pueda hacer frente en su totalidad a los pagos debidos. En ese punto, el juez que el importe de la cuota hipotecaria no resultase excesivo en comparación con lo que supondría el alquiler de una vivienda de características adecuadas a las necesidades del deudor y su familia. De esta forma “se evitará que muchas personas se vean obligados a perder sus viviendas habituales”.

En cuanto a los procedimientos de familia, se defiende la necesidad de establecer un procedimiento de tramitación rápida ante el incremento de las demandas que se producirán porque muchos ciudadanos no podrán hacer frente a las obligaciones impuestas judicialmente, como por ejemplo al pago de pensiones alimenticias. Y, a la vez, la celebración previa de una vista donde los progenitores puedan llegar a un acuerdo.

En el ámbito Penal, una de las propuestas del CGPJ pasa por la reducción de los asuntos que actualmente se tramitan y enjuiciamiento por el Tribunal de Jurado. En concreto, se defiende la supresión de los delitos de omisión del deber de socorro, allanamiento de morada y amenazas condicionales, los cuales pasarían a ser tramitados por el procedimiento de juicios rápidos.