El juez procesa por extorsión a Villarejo, al marido de Ana Rosa Quintana y a otras 12 personas

El magistrado Manuel García Castellón ha concluido la investigación de otra de las piezas, referente al conocido como “proyecto Pintor” del “caso Villarejo” y ha acordado el procesamiento de 14 personas por delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos, entre ellas el propio ex comisario José Manuel Villarejo y los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara, marido y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana.

Ambos constructores contrataron los servicios del mando policial en 2017 para chantajear supuestamente a un antiguo socio de la constructora de los hermanos, en el marco de una reclamación de Hacienda contra ellos por impago del IVA. En su auto, el juez define esos servicios como de “inteligencia, de análisis de información, de asesoramiento y de intoxicación informativa”.

El instructor también propone juzgar, entre otros, al hijo el comisario jubilado, a su socio en el Grupo Cenyt, el abogado Rafael Redondo y a los investigadores que contrataron para llevar a cabo esas vigilancias tanto a su ex socio, Mateo Martín Navarro, como a su abogado, el ex juez Javier de Urquía.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ve indicios suficientes de que los hermanos Muñoz Tamara recabaron a principios de 2017 los servicios de Villarejo -en prisión provisional desde noviembre de 2017 por el “caso Tándem”, desglosado ya en más de una veintena de piezas separadas- para conseguir información de su ex socio, que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de la Agencia Tributaria por el impago del IVA, lo que determinó que toda la reclamación se dirigiera exclusivamante frente a Fernando Muñoz Tamara. Según los hermanos, se trataría de una actuación fraudulenta porque su ex socio disponía de un cuantioso patrimonio que habría ocultado para eludir sus responsabilidades ante Hacienda.

El juez asegura que tras “una serie de trámites legales” infructuosos frente a su ex socio y “ante la situación creada”, Juan Muñoz propone a su hermano contactar con el “Grupo Cenyt”. Villarejo se compromete entonces a realizar unos informes para conseguir “unas condiciones o acuerdos favorables para los Muñoz”.

Se trataba de localizar activos patrimoniales que demostraran que Martín Navarro no era insolvente, y aliviar así la reclamación contra los hermanos, a la vez que obtener “debilidades” de Martín Navarro como “medida de presión” para forzar al socio y a su abogado a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los dos empresarios a cambio de no difundir públicamente esa “información privada y comprometedora”.

Serían los abogados de los hermanos Muñoz Tamara, continúa el relato del instructor, los que recibirían el material sensible para mostrárselos a los letrados de los afectados y “conseguir de esa forma el pacto que se buscaba”. No obstante, precisa que los hermanos “no habrían llegado a utilizar toda esta información reservada de la que habrían dispuesto para lograr sus propósitos”.

El juez alude a las grabaciones de algunas de esas reuniones en las que se cerró el encargo, intervenidas a Villarejo, y que califica como “muy explícitas”. En ellas el ex comisario les dice que “sólo tendrán que pagar a la empresa de detectives a la que él encargue los seguimientos” y aclara que él les va a pedir “un precio de estudiante”. Eso sí, les advierte de que en el futuro la tarifa será de “150 ó 200 papeles”, porque “menos no se cobra por esos curros” pues “si te pillan te comes cuatro años por revelación de secretos”.

En su resolución, el juez relata que Villarejo, con la colaboración de varios de los miembros de su entramado empresarial, el Grupo Cenyt proporcionó, a los hermanos Muñoz Tamara “diversa información sensible y de acceso restringido” a cambio de 20.000 euros, cantidad que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental.

Para obtener esa información sensible, Villarejo, su hijo y Redondo se valieron de los servicios de una detective y de funcionarios de policía que accedieron de forma ilegítima a bases de datos policiales.

De hecho, las labores de vigilancia a Martín Navarro y su abogado por parte de la trama incluyeron la colocación de una cámara oculta en los baños de un pub de Marbellla y de un dispositivo de localización GPS en los bajos de un vehículo. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía detalló en un informe incorporado a la causa cómo los cuatro detectives contratados, a 20 euros la hora, por el ex comisario jubilado espiaron a ambos con el supuesto objetivo de extorsionarlos, para lo que se sirvieron de un policía que prestaba sus servicios en Granada y que estaba de baja por enfermedad y accedieron a “bases de datos policiales de carácter restringido” referentes al antiguo socio de los hermanos.

De la investigación realizada García Castellón concluye que la actividad contratada a Villarejo “iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives”, constatándose que el comisario jubilado y su socio “ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis” que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial".

A partir de ahora, las acusaciones disponen de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.