El CGPJ retoma los nombramientos y designará tres magistrados del Supremo en julio

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido retomar los nombramientos pendientes ante el escenario poco probable que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para renovar a corto plazo el órgano de Gobierno de los jueces y magistrados. El CGPJ lleva “en funciones” desde diciembre de 2018. Estas designaciones quedaron paralizadas en enero, cuando el Consejo decidió dar un margen de tiempo «razonable» para que PSOE y PP llegasen a un acuerdo que permitiese renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados y que fuese la nueva composición quien hiciera los nombramientos. LA RAZÓN ya adelantó el pasado 2 de abril que en el mismo momento en que se volviese a la «normalidad», lo previsible era que se retomasen las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo y proceder a cubir esas vacantes.

En concreto, el Pleno del próximo mes de julio debatirá y votará los nombramientos que quedaron pendientes el pasado mes de enero: tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y las presidencias del TSJ de Canarias y de la Audiencia de Ourense. En concreto, las vacantes de la Sala Penal del Supremo que hay que cubrir son las registradas por las jubilaciones de Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde. A las mismas optan como candidatos, entre otros, los magistrados de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro –presidente-, José de la Mata –instructor del «caso Pujol» y y uno de los que a priori tienen más opciones de ser elegido–, Concepción Espejel –presidenta del tribunal que juzga al Josep Lluis Trapero– y Teresa Palacios; así como, por ejemplo, el actual presidente del TSJ de Cataluña, José María Barrientos.

Por otro lado, El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado hoy, con 18 votos a favor, dos en blanco y uno en contra, el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial para la reactivación tras el estado de alarma declarado como consecuencia de la pandemia de coronavirus COVID-19, que incluye más de 60 medidas organizativas y/o gubernativas que quedan dentro de su capacidad de actuación propia y no requieren de modificaciones legales para su aplicación. Alguna son medidas sobre solución extrajudicial de conflictos, medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables y medidas tecnológicas.

Entre las medidas aprobadas, según confirmaron a este periódico fuentes del órgano de Gobierno de los jueces y magistrados figuran la posibilidad de que los juzgados se organicen al modo de los tribunales de instancia, que es un proyecto largamente reivindicado por jueces; el establecimiento de protocolos sobre la redacción de resoluciones judiciales y llegar a convenios para racionalizar el formato y extensión de los escritos de los abogados; la aplicación de mecanismos de unificación de criterios para evitar en la medida de lo posible la dispersión y disparidad de las decisiones judiciales; la aprobación de un plan de urgencia extraordinario en el orden social, así como de un conjunto de medidas destinadas a promover la mediación y fórmulas alternativas de resolución de conflictos, siempre de carácter voluntario y que no supongan ni dilaciones ni mayores costes para las partes.

El plan de urgencia para los juzgados de lo Social viene determinado por la más que previsible avalancha de asuntos de esta índole que se producirá por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, como despidos, Expedientes de Regulación de Empleo, etc.

Junto a ello, entre otras cuestiones se contempla el mantenimiento o incremento de las medidas de refuerzo o apoyo en Juzgados y Tribunales, el fomento de las herramientas existentes para la unificación de criterios o la potenciación del empleo de sistemas telemáticos.

Los objetivos del plan son agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo.