Economía

Multas de 22,7 millones a cuatro ex directivos del ICBC chino por un blanqueo masivo para dos grupos criminales

La Audiencia Nacional les condena a penas de tres a cinco meses de cárcel y deja dos años sin subvenciones ni ayudas fiscales a la sucursal de la entidad bancaria en España

La Guardia Civil, durante el registro en 2019 de la sede del banco  chino ICBC en Madrid
La Guardia Civil, durante el registro en 2019 de la sede del banco chino ICBC en Madrid

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre tres y cinco meses de prisión y multas que suman 22,7 millones de euros a dos ex directores y a otros dos ex empleados de la sucursal en España del banco chino ICBC por blanquear el dinero de dos organizaciones criminales del país asiático, Emperador-Cheqia y Sake, entre 2011 y 2014. Además, condena a la sucursal en nuestro país del Industrial and Commercial Bank of China a la pena de dos años de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas o beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

A los cuatro acusados -que tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía abonaron el importe total de las multas impuestas en sentencia, se les aplica la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión de los hechos. Un pacto con el Ministerio Público que, sin embargo, rechazó la representación de ICBC España, acusada también como persona jurídica. La investigación judicial cifró en más de 90 millones de euros las cantidades blanqueadas en esos cuatro años.

La Sala, presidida por el magistrado José Antonio Mora, considera probado que eI ICBC España puso en marcha a finales de 2010 un establecimiento bancario con sede en Madrid en el que la “captación voraz” de pasivo fue el “objetivo prioritario”, llegando a alcanzar solo en su primer año de existencia -con una única sucursal y dos cajeros “funcionando día y noche incesantemente”- la cifra de 140 millones de euros bajo la dirección de uno de los condenados, Liu Gang.

En esta primera época, tanto el responsable de la sucursal como dos de sus empleados de banca minorista, los también condenados Fei Huang y Jin Wang, “desatendieron contumazmente” la legislación de prevención del blanqueo de dinero y dejaron de aplicar las normas básicas en sus relaciones de negocio, aceptando los ingresos en efectivo por cualquier cantidad, que luego fraccionaban y de quien fueran.

Liu Gang, asegura el tribunal (que estuvo al frente de la sucursal hasta junio de 2012), "desarrolló sus funciones de dirección desatendiendo con un severo desdén la normativa de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo".

Al poco tiempo de comenzar su actividad, señala la Audiencia, por su forma de operar, la colaboración del personal del ICBC "se hizo necesaria para las organizaciones criminales de nacionales asiáticos", en concreto las organizaciones citadas, llegando a tener Snake 70 cuentas en la entidad bancaria.

En el periodo investigado, entre 2011 y 2014, esta organización criminal ingresó en efectivo a través de 137 sociedades y 91 personas vinculadas a la trama hasta un total de 305 millones de euros en cuentas de su titularidad. De esos ingresos en efectivo, "fueron transferidos de manera inmediata" al extranjero 298 millones. El fraude tributario por parte de esta organización se cifra en 69,3 millones.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Ricardo de Prada, se explica que tanto Emperador-Cheqia como Snake actuaban con la ayuda de “transitarios y aduaneros españoles que se pusieron a su servicio” para llevar a cabo “una dinámica delictiva continuada de facturación ficticia de importaciones de contenedores, con mercancía para bazares procedente de China”.

Esas importaciones se declaraban con un infravalor de casi de la sexta parte de su valor real de exportación, para pagar así unas declaraciones de aduanas “irrisorias” y rebajar casi a cero su IVA de importación. Gracias a ese fraude, “obtuvieron luego importantes plusvalías en la economía sumergida, sin tributar ni por IVA en el mercado interior, ni por Impuesto de Sociedades, ni por IRPF”. Todo ese negocio de economía sumergida era opaco para la Hacienda Pública y “así obtenían unas ganancias máximas” que canalizaban a través de las entidades bancarias que utilizaban como canales de blanqueo.

La Sala mantiene que Fei Huang, ex jefe del departamento de Instituciones Financieras de la sucursal, “instruyó a los empleados” a aceptar operaciones de efectivo “sin hacer preguntas”, a no realizar “ninguna evaluación de riesgos” de los clientes y a no “recabar justificaciones sobre el origen de los fondos”. En cuanto a Jin Wang, ex jefa del departamento de Banca Minorista de la oficina de Madrid, los magistrados subrayan que era ella la que “llevaba de forma personal” a la familia Wang Feng, de la organización Cheqia-Emperador, “a los que auxiliaba en sus imposiciones en efectivo y apertura de cuentas para que no se descubriera” el fraccionamiento y el uso compartido de NIEs por testaferros y titulares, y todo ello “sin dar nunca ninguna alerta ni realizar alguna comunicación de operaciones sospechosa”.

Dinero en cajas de zapatos y maletas

Entre ambos, asegura la Sala, existía una “coordinación” pues eran quienes atendían al público y “daban entrada a abultados depósitos de dinero en efectivo en cajas de zapatos, maletas y mochilas”. En algunos casos, incluso permitieron a los clientes realizar envíos de fondos sin abrir ninguna cuenta, realizando las transacciones a través de cuentas internas del banco, a las que denominaban “operaciones de los no clientes”.

El patrón era similar en la organización Emperador-Cheqia: el fraccionamiento de las remesas en 20.000 y 30.000 euros “se repite en decenas de miles de operaciones, de lo que se infiere que fue un patrón de conducta de ocultación”, recalca el tribunal. En total, este grupo criminal dispuso en la sucursal de 29 cuentas bancarias entre febrero de 2011 y noviembre de 2012, menos de dos años en los que hubo ingresos en efectivo por un total de 15,7 millones, un montante que prácticamente en su integridad se transfirió al extranjero.

En el primer periodo de actividad, la mayoría de sus clientes "estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechas de fraude fiscal y arancelario", explica la Sala, que mantiene que el personal de la sucursal les auxiliaba proporcionándoles "una opacidad a sus movimientos de fondos, tanto al ingresarlos como al transferirlos a China fundamentalmente". La ocultación y el encubrimiento de su titularidad se conseguía permitiéndoles el fraccionamiento de abonos y salidas, el uso de las cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa y NIEs y admitirles la facturación simulada de cobertura.

Ya en una etapa posterior, con el también condenado Lui Wei, esas prácticas delictivas continuaron. Fue la salida a la luz de la "operación Emperador" a finales de octubre de 2012 lo que provocó un "cambio radical" en el modelo de negocio de captación del dinero en efectivo, "que de forma mayoritaria se desvió a las sucursales de la Caixa para introducirlos a través del convenio de corresponsalía que tenían suscrito entre ambas entidades bancarias". Una corresponsalía "sui generis", señala la Sala, pues el banco destinatario era realmente ICBC España, a través de cuya sucursal en Madrid "se transferían los fondos a diferentes bancos chinos en el exterior".

La Audiencia justifica su decisión de inhabilitar durante dos años a la sucursal española de ICBC para obtener subvenciones, como pedía la Fiscalía, en la necesidad de evitar “cualquier riesgo futuro” de que vuelva a utilizarse a la sucursal para esos fines, dado que actuó -recuerda- como “un instrumento idóneo para operaciones masivas de blanqueo de dinero al servicio de organizaciones delictivas”.

Asimismo, recuerda que mientras en muchos otros bancos las “peculiares características del manejo de las cuentas” por las dos organizaciones criminales referidas “generaron cancelaciones o abstención de ejecutar las operaciones” y hasta se dio la alerta al Sepblac, ICBC España “fue la única que no remitió un solo report de operaciones sospechosas” desde su apertura de la sucursal en España hasta 2016.