¿Podría Suiza investigar si la Fiscalía no ve delito?

Los dos frentes judiciales más relevantes en los que se encuentra inmerso Don Juan Carlos están separados por miles de kilómetros. Por un lado, en la Fiscalía del Tribunal Supremo, y, por otro, en la Fiscalía de Suiza. En ambos casos, uno de los ejes centrales de ambas investigaciones tiene como punto común lo relativo a los 65 millones de euros que habría recibido como donación por parte del Monarca de Arabia Saudí el Rey emérito.

Así, la Fiscalía Suiza trata de esclarecer todo lo relacionado con la fundación Lucum, en la que Don Juan Carlos figuraría como segundo beneficiario, desde la que se habrían transferido esos 65 millones a otra cuenta cuya titular es Corinna Larsen. Y, por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo quien asumió las diligencias, centradas ahora en determinar si se ha podido incurrir en un delito fiscal y de blanqueo. De esta forma, ambas investigaciones tienen nexos comunes, pero también algunos diferentes., como las personas implicadas.

Con ese escenario se plantea una duda jurídica: un hipotético archivo de las investigaciones que realiza la Fiscalía española, ¿afectaría de algún modo a la que llevan a cabo los fiscales de Suiza, en lo referente a Don Juan Carlos?

Son cuestiones en las que las opiniones no son unánimes, sin que los expertos consultados mantienen tesis distintas. Así, hay quien entiende lo contrario. Como sostienen algunos de los consultados, «España ha tomado la delantera en esa investigación que afecta al Rey emérito, y no se puede estar investigando siempre los mismos hechos y a las mismas personas» respecto a las cuales se ha concluido que no incurrieron en delito alguno.

En esta línea, el abogado penalista Ignacio Fúster-Fabra sostiene que, desde el punto de vista legal, no habría impedimento alguno para que los fiscales helvéticos continuaran una investigación en la que estuviese inmerso Don Juan Carlos, pero en la práctica sería muy difícil que prosperase, por lo que no tendría mucho sentido mantenerla abierta: «Si en España se archiva, siendo residente fiscal, y se concluye que no hay delito fiscal alguno, y tampoco blanqueo de capitales, en Suiza sólo se le podría perseguir por considerar que se ha incumplido la normativa fiscal en Suiza. Por ello, no se le podría investigar por delito fiscal, ya que es residente en España».

Y, en cuanto al blanqueo de capitales, para continuar la investigación «Suiza debería aclarar en concepto de qué actividad ilícita ha sido percibido el capital por parte del Rey emérito y qué actividades delictivas iban aparejadas a esa percepción de ingresos»

En cambio, otros expertos sostienen la tesis contraria. Así, el catedrático de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa, afirma que «se trata de dos investigaciones distintas. Una, según el Derecho Penal suizo; y otra, según el Derecho Penal español. La fiscalía española puede indagar posibles delitos cometidos de acuerdo con nuestra legislación. En España, si el fiscal o, abierta hipotéticamente una causa contra Don Juan Carlos en el Tribunal Supremo, se archivaran respectivamente las actuaciones o el proceso, lo sería de acuerdo con el derecho español. Pero que no haya indicios suficientes según la legislación penal española, ni tiene efectos en la legislación penal suiza, ni implica de forma automática que no las pueda haber según este derecho. Recuerdo, no obstante, que, en la instrucción suiza, a esta hora, el Rey Padre no está ni siquiera investigado (imputado)».

El penalista Luis Romero tampoco tiene dudas: «Suiza tiene plena legitimidad para actuar con independencia de lo que pueda suceder con la investigación en España, Lo que suceda en el Tribunal Supremo no condiciona a Suiza, que tiene independencia para realizar la investigación porque no está condicionada» por el resultado de la Fiscalía del Supremo.

Por su parte, Juan Ospina afirma que un archivo por la Fiscalía española» no tendría fuerza de cosa juzgada, sería simplemente archivo revocable con elementos nuevos. Además, añade al respecto, «la investigación seguida en Suiza parece ser más amplia que la que se sigue en España, por lo que aunque se archive» la que se sigue en el Supremo «no tendría relevancia para la que sigue en Suiza».