La caja morada de los 11 millones: ¿solidaria o «B»?

Ha sido la caja que más ha dado que hablar durante la semana en la arena política. Para unos se trata de una caja de solidaridad, otros la denominan caja de resistencia y la oposición del centro derecha la considera ya la «caja B» del partido liderado por el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Algunos de los elementos que llevaron este martes al titular del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, a imputar a Podemos como persona jurídica, a su tesorero y a otros miembros de la cúpula de esta formación por dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal están relacionados con esta caja. Ocurre así porque el ex abogado del partido morado, José Manuel Calvente, deslizó en su denuncia graves acusaciones en torno al mal uso que una parte del núcleo de confianza de Iglesias daba a estos fondos procedentes de las aportaciones que los cargos públicos realizan a partir de la cantidad de dinero que excede del límite ético que Podemos tiene fijado para sus diputados, concejales y demás responsables en los distintos niveles de la administración.

¿Cuánto ingresa esa caja?

Se ha hablado de esta caja en abstracto, pero ¿cuánto dinero ha llegado a recibir anualmente a partir de estas donaciones? Según las cuentas publicadas por Podemos en su portal de transparencia, las aportaciones de los cargos públicos en los ayuntamientos, las administraciones autonómicas, el Parlamento europeo y las Cortes Generales sumarían, desde 2014, un montante total de 11,4 millones de euros. El primer año de vida del partido, 2014, la contabilidad morada registró apenas una entrada de 52.206 euros en este tipo de aportaciones. Hay que tener en cuenta que en ese año sólo se celebraron elecciones europeas y, pese al éxito sin precedentes que supusieron los cinco escaños morados en Estrasburgo, las donaciones fueron limitadas por razones obvias. En apenas doce meses, sin embargo, esa cantidad se vería multiplicada por diez. En tres años, se multiplicarían por 60 las aportaciones. Son cifras que sirven para ilustrar el enorme crecimiento de la formación en menos de un lustro de vida, lo que, a su vez, ha sido en ocasiones uno de los principales problemas que no ha sabido afrontar la dirección de Iglesias. Así las cosas, las aportaciones de los cargos públicos en 2015 rebasaron los 529.000 euros, coincidiendo con un curso en el que se celebraron comicios autonómicos y municipales. También en 2015 Podemos se estrenó en unas elecciones generales. Logró 69 diputados, casi el doble de los que tiene actualmente. El hecho, sin embargo, de que esos comicios tuvieran lugar en diciembre hizo que el impacto sobre la caja de resistencia se dejara sentir en la contabilidad de 2016. Y lo hizo a lo grande. En el tercer año de vida de la formación, la caja de la polémica reunió aportaciones por valor de 2,8 millones de euros. Ese año se repetirían las elecciones generales y Podemos, ya bajo el formato de la actual coalición con Izquierda Unida, logró 71 asientos en la Cámara Baja. Su techo hasta la fecha.

2017, el techo en aportaciones

En 2017, con el partido estabilizado y presente en todas las administraciones del Estado –aunque diluido en los ayuntamientos bajo fórmulas de agrupaciones o coaliciones con más o menos proximidad al partido morado, como los exitosos experimentos liderados por Manuela Carmena y Ada Colau– los números de esta caja arrojarían su mejor cifra hasta el momento actual: 3.224.782 euros. En 2018, el total de las aportaciones empezaría a descender, es verdad que de forma muy moderada, hasta los 2,8 millones. El pasado año, 2019, la caída ha sido más severa: 1,9 millones de euros. Y en ese desplome juega un papel determinante el retroceso experimentado por el partido de Iglesias y sus diferentes marcas en el carrusel electoral que vivió el país. En el Congreso, por ejemplo, la representación de Unidas Podemos cayó hasta los 35 escaños. En las distintas comunidades autónomas que celebraron elecciones en 2019, las marcas de Podemos lograron en torno a 70 asientos menos en los parlamentos regionales en comparación con 2015.

«Descontrol», según Calvente

En la denuncia que el ex abogado Calvente presentó ante la Guardia Civil señaló precisamente la ausencia de control contable en torno a los ingresos y salidas de dinero de la «caja de solidaridad» de Podemos. Una circunstancia que, a juicio del letrado despedido por los de Iglesias, impedía garantizar el destino de esas donaciones. El letrado deja claro en su denuncia que él mismo alertó a la dirección de que esa mala praxis podría acarrear un riesgo y que, para evitar posibles consecuencias judiciales, debía corregirse y establecer controles contables estrictos. Y es que, según el relato de Calvente, una de las principales obligaciones del área de Cumplimiento Normativo de la formación morada, donde trabajaban tanto él como la letrada Mónica Carmona –también despedida–, era advertir de cualquier riesgo penal a la cúpula del partido, para que, en caso de cualquier infracción penal, la responsabilidad recayese en quien la hubiera cometido saltándose las indicaciones expresas al respecto. Tras esta denuncia, el instructor del caso pretende ahora esclarecer ahora si esa «caja de solidaridad» era en realidad una contabilidad opaca camuflada.

Solidaridad, según Podemos

Desde Podemos insisten en negar de forma categórica que se trate de una «caja B». Recalcan el carácter solidario de esos fondos precisamente porque las donaciones realizadas por los cargos públicos van destinadas a iniciativas sociales. «Una ‘‘caja B’' era lo que tenía el Partido Popular y lo usaba para pagar campañas electorales y ganar las elecciones y para pagar sobresueldos a sus cargos», aseguró esta semana el secretario de Organización del partido morado.