Imputan a Podemos y a parte de su cúpula por la «caja B»

Las dudas sobre financiación ilegal cercan de nuevo a Podemos, socio minoritario en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. No solo es el Tribunal de Cuentas el que ha detectado supuestas irregularidades en la contabilidad morada relativas a las elecciones generales del pasado 28-A, sino que ahora es la Justicia la que quiere conocer de primera mano si existe en Podemos una «caja B». Si el partido político liderado por Pablo Iglesias ha podido incurrir en los delitos de malversación y administración desleal, tras la denuncia presentada por el ex abogado despedido José Manuel Calvente.

El círculo judicial sobre Podemos se hace cada vez más estrecho, máxime con el paso dado por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, de imputar como persona jurídica a la formación política. El magistrado pone el foco directamente en la llamada «caja de la solidaridad» del partido, un fondo creado con donaciones del exceso de sueldo de los cargos públicos. El juez pide a la Policía Judicial que examine la cuenta adscrita a esta caja para comprobar si se llegaron a pagar los 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encuentra detrás de la empresa #404 Comunicación Popular, una web detrás de la que estaría Christian Navarro, cercano al diputado Rafa Mayoral. Además, el juez pide examinar la «cuenta electoral» de Podemos correspondiente a las elecciones del 28-A para identificar los pagos realizados a las mercantiles Neurona Comunidad S.L –vinculada al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero– y ABD Europa LDA, por ello se acuerda tomar declaración como investigado a Elías Castejón, administrador de la primera empresa y se requiere al banco de ambas documentación sobre la contratación de los servicios para la campaña. El juez requiere además a Podemos que, en el plazo de diez días, presente la documentación acreditativa de los trabajos llevados a cabo por ambas empresas sobre las campañas electorales y pide al Tribunal de Cuentas que remita el testimonio del expediente sobre los pagos efectuados en 2019 por el partido a las mercantiles.

Pero el magistrado apunta también a nombres concretos dentro de las esferas altas de Podemos, y, por ello, imputa a un estrecho colaborador del vicepresidente segundo, a su secretario de Comunicación y responsable de las campañas electorales de la formación, Juan Manuel del Olmo, que deberá explicar la contratación de la empresa Neurona. También ha imputado al tesorero, Daniel Frutos, y a la gerente del partido, Rocío Val. Los tres cargos deberán declarar en calidad de investigados el día 20 de noviembre para dar cuenta sobre la posible «caja B» de Podemos.

La denuncia del ex abogado también alude al diputado Rafael Mayoral, en concreto pide al Registro de Cooperativas de Madrid una copia de la hoja de registro de la la cooperativa Kinema –que él mismo fundó–. Sin embargo, el magistrado no adopta ninguna decisión respecto a él toda vez que es aforado, y, por tanto, debería corresponder al Tribunal Supremo.

El juez también pone el foco sobre el fundador Juan Carlos Monedero, aunque no le imputa. Solicita al Registro Mercantil Central que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre el político.

El juez ordenó otras diligencias también en el marco de la misma causa, como requerir a Podemos una buena parte de documentación contable del partido como las tablas de sueldo de los trabajadores. El juez quiere indagar en las obras del edificio que el partido compró en Ciudad Lineal (Madrid), donde está ubicada su sede estatal, por lo que ha citado al arquitecto del inmueble en calidad de testigo y a los representantes legales de seis empresas de suministros, carpintería o climatización que participaron en las obras. Solicita al partido también los contratos de ejecución de obra que firmó con el arquitecto y el resto de mercantiles y que, en el plazo de diez días presente el expediente de licitación de la ejecución de las obras.

Podemos niega dimisiones

Ante la posibilidad de ser acusados por financiación ilegal, el partido se confiesa tranquilo. Desvía el foco judicial y se defiende asegurando que el objetivo es «la difamación mediática». En la sede morada rechazaban ayer cualquier tipo de paso atrás de los cargos imputados –es decir dimisiones– y consideran que el proceso judicial no está basado en ningún tipo de prueba. A su juicio, las acusaciones, «quedarán en nada».

Por su parte, los letrados del partido remitieron ayer un escrito al juez solicitando la nulidad de la declaración del ex abogado, argumentado que solo han recibido una parte de la declaración total, escasos 40 minutos de una declaración de tres horas. Según el escrito, el juzgado les envió «un extracto parcial con deficiencias técnicas» de la declaración realizada por Calvente ante el juez lo que para Podemos genera una «evidente indefensión» de los cargos imputados. Además, Podemos también acusa al juez de dirigir una «investigación prospectiva», al basarse en sospechas del testimonio del abogado, al que acusan de no haber aportado ningún tipo de prueba. Podemos dice que el juez tiene por objetivo convertir esta denuncia en «un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada». De hecho, el partido repite como mantra que todas las denuncias contra el partido han sido archivadas por el Tribunal Supremo.