De Pardo Bazán al «Salvador de España»

Poco podía imaginar Emilia Pardo Bazán que aquella casa que habitaba con gusto tras fatigarse medio año en Madrid iba a convertirse en lugar de litigio. Un juzgado gallego ha dictado que la familia Franco debe devolver al Estado el Pazo de Meirás, el viejo palacete de la escritora, porque no es suyo, dice, sino de Patrimonio Nacional. Es lo que tienen los regalos a los Jefes de Estado, no a la persona que en ese momento ostenta el cargo.

La historia de aquella casa es como la de esos escenarios de película en la que, año tras año, tienen lugar grandes acontecimientos, sin que el edificio se conmueva. Muy gallego, como la Pardo Bazán, que no era mujer de su tiempo. Vivía de lo que ganaba, que era mucho y bien ganado. Separada de su marido, un triste provinciano, a Emilia le gustaba recluirse en aquella casa que mandó construir en 1893 sobre una edificación a la que llamaban La Granja.

Usaba el Pazo de Meirás (Sada, La Coruña) para imbuirse del ambiente antiguo que poblaron algunos de sus trabajos. Instaló su despacho en lo más alto de la más alta torre del Pazo, que tiene tres y que en realidad dan el nombre al lugar: «Torres de Meirás». Esto no quitaba que la escritora, que había asimilado muy bien la vida de los salones de la capital de España,organizara fiestas y recepciones inusuales por aquellos lares.

A la muerte de Pardo Bazán en 1921, su único hijo, Jaime Quiroga Bazán, heredó el Pazo. La casa se quedó huérfana cuando éste y su hijo, un chaval de diecinueve años, fueron asesinados en Madrid por los anarquistas el 11 de agosto de 1936. Por supuesto, los dos «peligrosos» rebeldes pasaron por la checa de Bellas Artes, donde fueron torturados. Se convirtieron así en «mártires de la causa» golpista; a lo que contribuyó el que Jaime Quiroga estuviera implicado en el golpe de 1932, la llamada «Sanjurjada».

El edificio quedó en manos de Blanca, hija Pardo Bazán, y de la viuda de Jaime Quiroga. Las dos mujeres intentaron donarlo a la Compañía de Jesús, pero no fue posible. El Pazo quedó en manos de los sublevados, que no permitieron a las legítimas herederas entrar en el palacete a recoger sus pertenencias.

Las autoridades locales vieron una oportunidad de medrar en la nueva situación si regalaban la antigua casa de Pardo Bazán a Franco, recién proclamado Jefe de Estado. Se constituyó una «Junta Pro Pazo del Caudillo» en la primavera de 1938 para comprar el edificio, y en diciembre se lo entregó al Jefe del Estado porque era, decían, un «bello y digno lugar de reposo a su ilustre hijo, el providencial Salvador de España».

El edificio estaba descuidado, por lo que abrieron un fondo voluntario para sufragar su reconstrucción. Como nadie tenía o quería pagar el peloteo de las autoridades, éstas incautaron parte del sueldo de los trabajadores locales. Algunas barbaridades se cometieron entonces, como tirar una foto autografiada de Víctor Hugo que alguien recogió de la basura. La donación se hizo a título de Jefe de Estado en una escritura pública el 24 de mayo de 1941, sin pago alguno, para simular una compraventa y ponerla a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Franco utilizó el Pazo de Meirás como una residencia de vacaciones, decorada por Carmen Polo, su esposa, con muebles de El Pardo y objetos de arte traídos de otros lugares, pero allí celebró consejos de ministros y actos. El dictador usó el palacio como de su propiedad; de hecho, colocó dos estatuas de los profetas Jeremías y Ezequiel realizadas por el taller del Maestre Mateo para el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, que también están en litigio.

El último verano de su vida, agosto de 1975, también lo pasó el dictador en Meirás. Allí recibió al entonces Príncipe de España. Era un edificio oficial. Incluso cuando hubo un incendio en 1978, fueron la Guardia Civil y el Ejército a sacar muebles, enseres, libros y cuadros.

El mantenimiento de aquello lo pagó el Estado como residencia oficial desde 1941, incluso colaboraron algunos ayuntamientos, como el de El Ferrol, entonces «del Caudillo». Quizá por esto, la Xunta de Galicia declaró el Pazo como Bien de Interés Cultural, y en 2017 creó una comisión de expertos para su posible incorporación al patrimonio público.

Un año después, el Parlamento gallego, con mayoría de Alberto Núñez Feijóo, instó al Gobierno de Rajoy a que recuperase el Pazo, pero ha sido un juzgado.