Objetivo: reducir cargos públicos

El macrogobierno de Sánchez. El Partido Popular presentará en los próximos días un PNL para adelgazar la administración. Propondrá la fusión de varias carteras

La formación del segundo gobierno de Pedro Sánchez en el mes de enero dejó varios y llamativos titulares. El primer Gobierno de coalición de la historia, el gobierno más numeroso o el ejecutivo con más asesores. Se pasó de un Ejecutivo en funciones con presidente, vicepresidenta y 16 ministros a otro con presidente, cuatro vicepresidencias y 18 ministros. La presencia de dos partidos en el Ejecutivo obligó a trocear ministerios o crear nuevas carteras para dejar espacio a las nuevas caras. Así, por ejemplo, se creó el Ministerio de Consumo –que dirige actualmente Alberto Garzón–, unas competencias que antes estaban incluidas en Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. También se estableció el Ministerio de Universidades –con Manuel Castells a la cabeza– que anteriormente formaba parte Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cada nueva cartera conlleva sus altos sueltos y todos los elevados gastos que supone un Ministerio, a cargo del bolsillo de los ciudadanos.

Además, la llegada del nuevo Ejecutivo de coalición trajo consigo la reestructuración de la oficina del Presidente y de cada uno de los departamentos ministeriales. Es decir, el número de secretarías de estado, subsecretarías y directores generales. Según se publicó en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, la actual Administración central cuenta con 259 altos cargos y el número de secretarías de Estado pasó de 24 a 33. La secretaría de estado de Sanidad fue la última creada y se hizo en medio de la pandemia. Por otro lado, el número de direcciones generales pasó de 99 a 113. No obstante, este no el único incremento en la estructura del gobierno del Ejecutivo. El número de eventuales, cargos de libre designación o asesores, ha ido creciendo en función de la composición del Gobierno en las últimas legislaturas. Mientras el equipo de Mariano Rajoy contaba con 565 eventuales y el Ejecutivo de la moción de censura de Pedro Sánchez, 677, ahora, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos cuenta con 777 asesores. Desde principios de 2019, que es cuando finalizó la Legislatura iniciada por Rajoy en 2016, la contratación de asesores aumentó, aproximadamente, un 27%, según un trabajo de investigación de Civio, organización que vela por la transparencia de las administraciones públicas.

Toda esta retahíla de cargos se traduce en un mayor gasto para las arcas públicas en un momento especialmente difícil por la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país. A los costes de la pandemia desde el punto de vista médico hay que añadir todo el gasto derivado de la protección social como los Expendientes de Regulación Temporal (ERTE).

Aunque durante el verano se rumoreó que Sánchez podría remodelar el Ejecutivo, ese runrurn se ha ido esfumando con el paso del tiempo y no parece que esté sobre la mesa la posibilidad de reducir carteras. Desde el Partido Popular, conscientes del duro momento que atraviesa España y del gasto que supone este macrogobierno, propondrá en los próximos días una Proposición No de Ley (PNL) para adelgazar la administración de Sánchez ante la situación actual de «despilfarro». Según ha podido saber LARAZÓN, propondrán unir los ministerios de Sanidad y Consumo; de Trabajo y Seguridad Social; y los de Educación, Ciencia y Universidades. «La vuelta al cole ha evidenciado que ante la ausencia de Castells, las vacaciones de Celaá y la probable salida a la Agencia Espacial Europea se podrían unificar los tres ministerios sin problema», aseguran fuentes populares. «La gestión de los ERTES de la Ministra de Trabajo evidencia que podría unificarse de nuevo con Segurida Social y sería todo más eficiente. En cuanto a Sanidad y Consumo lo mismo», añaden

Además en la PNL propondrá «reducir los asesores que no son funcionarios». No en vano, más de la mitad de las Direcciones Generales del Ejecutivo no son funcionarios y, en teoría, debería ser excepcional, según explican fuentes populares. «Si el gobierno pide sacrificios a Autónomos, trabajadores y empresarios tras la vuelta del verano creemos que es momentos de dar ejemplo», concluyen las mismas fuentes.