¿En qué consiste la propuesta de Vox para ilegalizar a ERC, Bildu, Junts y la CUP?

Vox tratará mañana que el Pleno del Congreso tramite una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017. Ello incluye a ERC, Junts, el BNG, la CUP y EH Bildu, entre otros, aunque los de Abascal tampoco descartan al PNV o “partido recoge nueces”, como denominan al nacionalismo vasco.

Fue el propio líder de Vox quien registró el pasado mes de enero dicha proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar “a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España”, y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

¿Cómo propone Vox esa ilegalización?

Plantea una reforma legislativa que ponga límites para que las formaciones políticas sean herramientas de participación política y una expresión de pluralismo, pero no “un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles”. “No se trata solo de proclamaciones ideológicas sino también de actuaciones reiteradas y sistemáticas que ya han merecido las más severas sanciones de la jurisdicción nacional, constitucional y ordinaria”.

Apuesta por ilegalizar a aquellos partidos que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, que justifiquen la violencia como “método de acción política”, que ataquen las libertades y los derechos fundamentales, que apoyen organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad de España o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía. Además, los de Abascal también incluyen en su iniciativa que aquellas formaciones políticas que han incumplido “esas bases mínimas” tengan que devolver los fondos públicos recibidos.

¿Qué causas contempla la ley para la ilegalización de un partido?

Indica que los partidos deberán respetar los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo. Será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: vulnerar las libertades o derechos fundamentales, fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.

¿Quién puede instar a esa ilegalización?

En su artículo 11 indica que será a propuesta del Gobierno y el Ministerio Fiscal. El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica.

¿Qué trámites se activarían?

La acción se iniciará mediante demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad. La Sala procederá inmediatamente al emplazamiento del partido político afectado y, en su caso, a las personas electas en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, dándoles traslado de la demanda, para que puedan comparecer en el plazo de ocho días. Una vez comparecidos, la Sala analizará la admisión inicial de la demanda pudiendo inadmitir la misma.

¿Qué podría inadmitir la ilegalización?

Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada, que no se cumplan los requisitos sustantivos para su admisión o que la demanda carezca manifiestamente de fundamento. Si se apreciara alguna de estas causas se pondrá de manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo común de diez días.

¿Y si es admitida?

Una vez admitida la demanda se emplazará al partido político correspondiente, si hubiere comparecido, para la contestación a la demanda por el plazo de veinte días. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestación o la Sala lo considera necesario, se abrirá un período de prueba. Los perjudicados podrán formular alegaciones sobre las mismas por plazo sucesivo de veinte días, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedará concluso para sentencia que deberá dictarse en veinte días.

¿Se puede recurrir la sentencia de disolución?

La sentencia dictada por la Sala especial del Tribunal Supremo, que podrá declarar la disolución del partido político o desestimar la demanda, no será objeto de recurso alguno sin perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva desde el momento de su notificación.

¿Qué ocurre tras decretar su disolución?

Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral. La sentencia declarará también la existencia o no de vinculación con el partido político ilegalizado de las candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores.

Si se desestima la demanda, ésta sólo podrá volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia.

¿El partido sigue siendo legal durante el proceso?

La Sala podrá acordar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la Sala ordenará la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos.

¿Cuándo se considera ilegalizado?

La disolución surtirá efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, previa notificación del propio partido o del órgano judicial que decrete la disolución.

¿Qué dicen algunos los constitucionalistas?

Algunos apuntan a que, si un partido alienta de forma severa a la insubordinación, se podría estudiar la aplicación de la ley de partidos. Consideran que “una cosa es defender la independencia y otra que un partido aliente a las masas para usar la fuerza” en contra de preceptos constitucionales y dudan de que se pudiera aplicar en el escenario actual. Otros recuerdan que debería llevarse a cabo “comportamientos reiterados” y ven más viable la modificación de la Ley electoral para restar presencia a los partidos independentistas o mediante un pacto de los partidos constitucionalistas.