El Gobierno rectifica y retocará el decreto de los ayuntamientos que tumbó el Congreso

El Gobierno da marcha atrás y rectifica su postura inmovilista sobre el decreto de los ayuntamientos, que el Congreso de los Diputados derogó el pasado jueves. En un primer momento, y con la primera gran derrota de esta legislatura todavía reciente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo no promovería una nueva norma y que quedaría a la expectativa de que los partidos de la oposición, que habían tumbado el decreto, le propusieran alguna alternativa.

Sin embargo, digerido el trance parlamentario, el Gobierno ha decidido rectificar y ha optado por presentar otro decreto en el que suspenderá la regla de gasto. Con esta suspensión de la regla de gasto se liberarán más de 3.000 millones que “son imprescindibles para que el funcionamiento de los ayuntamientos continúe. El Gobierno no va a dejar a nadie en el camino y mucho menos a los ayuntamientos, que velan por el bienestar de los ciudadanos”, ha confirmado la ministra Montero en “La Sexta”.

A nivel político, el movimiento se entiende desde las presiones que ha recibido Moncloa por parte de los consistorios socialistas, pero también de otro signo político. Incluso desde la coalición, Unidas Podemos, llamaba a su socio a no abandonar la mesa de negociación. Por ello, se ha optado por rescatar el 85% del contenido del decreto tumbado, sobre el que no había discrepancias e impulsarlo en forma de una nueva norma desde el consenso. “Hacienda ha decidido retomar la vía negociadora, la vía que se debe seguir cuando no se consigue el acuerdo”, ha señalado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

En un claro ejercicio de pedagogía, Narbona ha defendido que “rectificar es de sabios” y que “no podían dejar a los ayuntamientos tirados”. A modo de autocrítica ha señalado que cabían dos actitudes: la “actitud soberbia y arrogante de inhibirse” -por la que optó en un primer momento el Gobierno- o una “actitud de humildad y de deseo de resolver los problemas de los ciudadanos” que es por la que ha optado finalmente el Ejecutivo. “Hay que reemprender el camino de la responsabilidad”, ha señalado.