La Fiscalía pide que se inadmita la querella de Vox contra Iglesias por el “caso Dina”

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al magistrado Manuel García Castellón, que investiga el robo a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham de su móvil en 2015 y la posterior difusión de sus conversaciones con dirigentes de la formación, en el que pide que se inadmita la querella interpuesta por Vox contra Pablo Iglesias en el marco de este pieza separada del “caso Villarejo”.

Vox denunció el pasado 27 de agosto por nueve delitos -además de revelación de secretos, denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal y tráfico de influencias, entre otros- al vicepresidente segundo del Gobierno, a Bousselham, a su abogada Marta Flor Núñez y al fiscal del caso Ignacio Stampa. Para la Fiscalía, la denuncia debió ser “inadmitida de plano”.

Pero en el escrito, firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, la Fiscalía insiste en que “los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional ni pueden ser considerados conexos” dado que considera de “imposible apreciación” establecer una relación entre los hechos denunciados y los investigados tras el robo del móvil que justifique la asunción de la querella.

Luzón -que se queja de que el instructor no dio traslado a la Fiscalía de la querella de Vox para que se pronunciara sobre su admisión a trámite- sostiene que “ninguno de los hechos relatados en la querella permiten atisbar cualquier tipo de concierto de los cuatro querellados” a los que se atribuyen los nuevos delitos (denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias) con los tres investigados en esta pieza por revelación de secretos (Villarejo y los dos periodistas de Interviú imputados que entregaron una copia de la tarjeta SIM del móvil de Bousselham a Iglesias en enero de 2016 y que este no entregó a su ex asesora hasta seis meses después.

Luzón lo ve “ridículo”

Anticorrupción considera “ridículo plantear siquiera" que Bousselham, su letrada o Iglesias y el fiscal “se hubieran concertado desde 2016” con el ex director de Interviú Alberto Pozas o el periodista de la revista Luis Rendueles “para cometer todos los delitos que ahora se quieren investigar, ni físicamente reunidos ni en distintos lugares o tiempo, ni como medio para facilitar la ejecución de unos y otros delitos ni para facilitar la impunidad de unos respecto de los otros”.

Para el fiscal jefe, “los nuevos delitos que constituyen el objeto de la querella resultan del todo ajenos y autónomos al delito de descubrimiento y revelación de secretos objeto de esta pieza”.

La postura del Ministerio Público coincide con la expresada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la resolución en la que avala la condición de perjudicado de Iglesias en la causa, que le había retirado García Castellón después de que Bousselham admitiese que hizo capturas de las conversaciones publicadas (entre ellas una en la que Iglesias aseguraba que “azotaría” hasta que “sangrara” a la periodista Mariló Montero) y que las compartió con terceras personas (lo que comprometía, según el juez, la versión de Iglesias de que había sido víctima de una operación parapolicial de las cloacas del Estado para dañarle políticamente).

Los magistrados de la Sección Tercera también dejaban claro que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la supuesta organización criminal liderada por Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro juzgado que fuera competente, y no por la Audiencia Nacional.

La Sala señalaba incluso la “improcedencia” de las alternativas que baraja el instructor que señalan a Iglesias y Bousselham “como origen de las informaciones publicadas”. Una argumentación que hace extensible a la investigación sobre los daños en la tarjeta que el líder de Podemos entregó a su ex asesora y cuándo se pudieron haber producido.