Policías y guardias civiles advierten de que la instrucción de Interior contra los “okupas” no soluciona el problema

Policías y guardias civiles han cuestionado la instrucción de Interior por la cual establece un protocolo de “Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles” al considerarla “ineficaz”. Aseguran que “no soluciona la problemática existente” y consideran que la "situación policial queda “incompleta” si no se dispone de la detención del autor o autores y la devolución de la propiedad. También echan en falta fijar plazos temporales para devolver la vivienda al legítimo propietario.

El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional califica la instrucción de “venta de humo”. "No aporta nada nuevo para la operativa policial. Además, creen que con ello se trata de maquillar la inacción del Gobierno de España. Subraya que la instrucción “mantienen como un delito leve las ocupaciones en vivienda algo que se ha demostrado que no es suficiente para frenar la comisión de este tipo de delitos” y pide también endurecer la legislación en vigor.

Cambio legal

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclaman una modificación “urgente” de la instrucción emitida ayer por el secretario de Estado de Seguridad. Consideran que debe reforzarse el marco legal de la actuación policial y que se impone una reforma de Código Penal para cambiar la tipificación del delito leve de usurpación (artículo 245.2) por la de delito menos grave, aunque no medie el uso de la violencia. Desde el SUP subrayan que, "lo realmente relevante en estas acciones no es tanto el medio empleo en las mismas sino el objetivo -la ocupación del inmueble o la usurpación del derecho real inmobiliario ajeno- y, sobre todo, el daño provocado en

La Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC lamentó que el departamento que de Grande-Marlaska “no termine de aclarar las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones”.

La novedad principal en este protocolo está en que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los “okupas” de la vivienda por parte de los agentes y una batería de indicaciones para mejorar los atestados. Sin embargo, este protocolo, en la línea de la instrucción de la Fiscalía General del Estado no establece “ningún plazo legal para devolver la vivienda al legítimo propietario”, advierte AUGC.

El Ministerio del Interior presentó ayer un protocolo defendiendo que unifica los criterios de actuación de los agentes frente a la “okupación” con el fin de que se elaboren atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de “delito flagrante”. En adelante, dejarán constancia por escrito de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua. Sin embargo, la actuación de los agentes ante un caso de “delito flagrante” -que consiste en actuar cuando se está produciendo el allanamiento o usurpación- ya se llevaba a cabo.