Montesquieu y las cuentas públicas

No sé ustedes, pero yo siempre he pensado que el año empieza en septiembre. Aunque sea el noveno mes y se iguale con enero en la suma de propósitos e intenciones, tiene algo de comienzo de verdad. De posibilidades que se abren y de folios en blanco. Aunque, como todos los principios, pueda quedarse en continuación. Como si agosto no hubiera existido nunca. Y así se presenta este arranque de curso político, atípico y pandémico, en el que la tensión y la desconfianza a dos bandas siguen instaladas en un Congreso aquejado de parálisis legislativa, que amenaza el impulso que necesita el país. Con este panorama y con las premisas que Chaves Nogales marcaba para el periodismo, «contar y andar», nos acercamos a las claves políticas de la semana.

Más comisiones

Hubo un tiempo en que un chascarrillo habitual y recurrente (atribuido a Napoleón, pero cuyo origen no está claro) circulaba por los pasillos del Congreso: «Si quieres que un asunto no se resuelva, monta una comisión de investigación». Han pasado algunos años y lejos de ser el mecanismo excepcional que establece el artículo 76 de la Constitución con el que arrojar luz sobre «cualquier asunto de interés público», las comisiones han entrado a formar parte del día a día para difuminar la línea que divide los poderes del Estado. Haciendo honor a los dictados de Montesquieu, si en Francia un asunto está judicializado, el Parlamento no puede investigarlo a la vez; y es así, precisamente, como un signo de respeto a la separación de poderes. En España, en cambio, basta un rápido análisis de los casos que han pasado por el Congreso para advertir lo contrario: que el legislativo se empeña en colarse en el espacio judicial. La supuesta financiación irregular del PP, el accidente de tren de Angrois y hasta la crisis financiera han pasado por las salas de la Cámara Baja, y el abuso de este necesario control democrático termina por eliminar su sentido. Las comisiones, que batieron récord en la pasada legislatura (hasta siete llegaron a contarse), se han convertido en armas arrojadizas entre partidos, que jalean las ajenas y vetan las propias: el PSOE frena la investigación parlamentaria de la supuesta financiación irregular de Podemos, pero impulsa la que afecta al pasado del PP. Incluso Cristina Narbona ha llegado a calificar como «maniobra de distracción» la petición de Pablo Casado de investigar la gestión de la pandemia. Eso sí: maniobra de distracción lo de la bancada de enfrente, nunca lo de la propia.

En fondo y forma

Montesquieu también se revolvería ante la confusión entre los poderes del Estado que se ha reeditado esta semana a cuenta de la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de las querellas contra la gestión del Gobierno por la covid, que ha destapado el malestar de un amplio grupo de fiscales con la labor de Dolores Delgado. No seré yo quien recurra a la mujer del César (¡qué tendría que ver ella con el cargo público de su marido! Y, además, Mary Beard podría rebatirlo), pero el nombramiento de la Fiscal General del Estado es un pecado original que arrastra la Legislatura y que afectará a todas las decisiones que impliquen al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al margen de lo correcto o no de la decisión desde el punto de vista jurídico, que se debe dirimir en las instancias judiciales y no fuera de ellas, el riesgo es que se extienda la creencia de que el Ministerio Público adopta decisiones con criterios alejados de la independencia. Y eso implicaría una deriva de pérdida de confianza institucional inasumible para este país.

La importancia de los números

Se aproxima un otoño de hojas caídas con la urgencia que marca el límite temporal de las cuentas públicas y con la posibilidad de llevar a Cristóbal Montoro a la eternidad presupuestaria. Asistimos a un juego de reuniones, a medio camino entre la performance y el sainete de toda la vida, en el que Carmen Calvo se reúne con Ciudadanos para ajustar los números de la recuperación, mientras Pablo Iglesias va simultaneando citas para marcar su terreno: el de la moción de junio de 2018 y el de la investidura de enero pasado. Encuentros con Bildu, presos por votos, y también encuentros con ERC, mesa de diálogo y amnistía. Reuniones y más reuniones. O papel mojado y sobreactuación. Porque viendo esa necesidad de luz y taquígrafos surge la gran pregunta: ¿Dónde están las cuentas?

La liturgia clásica para aprobar los presupuestos que fijaba que primero, los números, y luego, la negociación, ha saltado por los aires. Así había sido hasta ahora. Incluso cuando Sánchez e Iglesias presentaron en febrero de 2019 en Moncloa su acuerdo presupuestario. Luego, ya vendría el sumar votos y apoyos para sacar la ley adelante en el Congreso. Pero los protagonistas tienen el recuerdo amargo de la derrota. Aquel año sufrieron el rechazo de las cuentas (por la negativa de los partidos independentistas catalanes a prestarles su apoyo) y lo demás ya es una historia conocida que terminó con los españoles en las urnas. Cuentan que, por eso, los nervios atenazan ahora al PSOE para lograr cerrar un acuerdo con Gabriel Rufián o con Inés Arrimadas: no podrían resistir otro varapalo. Con el guion financiero de la legislatura rechazado, el camino a elecciones podría quedar marcado. Felipe González y el propio Sánchez, los dos únicos presidentes de la democracia que han visto sus presupuestos devueltos por la Cámara Baja, lo saben.