Fiscalía General del Estado

Asociación de Fiscales: Las palabras del fiscal Navajas son “poco prudentes” y no respetan la presunción de inocencia de Madrigal

“No tenemos una doble vara de medir. Parece que se olvida de que hicimos huelga con el ministro Catalá y pedimos dos veces su dimisión”

Luis Navajas -en la imagen saluda a Carlos Lesmes- será quien tenga que informar sobre todas las acciones dirigidas contra el Gobierno por la gestión del covid
Luis Navajas -en la imagen saluda a Carlos Lesmes- será quien tenga que informar sobre todas las acciones dirigidas contra el Gobierno por la gestión del covidlarazon

Las palabras en Onda Cero del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, en las que llegó a afirmar que la ex fiscal general Consuelo Madrigal y otro fiscal, del que no desveló el nombre, pero que todo apuntaba a Fidel Cadenas -los dos fueron fiscales en la causa del “Procés”- intentaron presionarle en el informe que debería presentar sobre la veintena de querellas interpuestas contra el Gobierno por su gestión del Covid-19, han provocado un profundo malestar dentro de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), a la que también alude directamente por insistir en que se convocara la Junta de Fiscales de Sala para unificar el criterio sobre el dictamen que se debería presentar en el Tribunal Supremo.

En este sentido, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, calificó de “declaraciones poco prudentes” las efectuadas por Luis Navajas y desmontó tres de sus manifestaciones principales, las relativas a ese intento de “presión” por parte de Consuelo Madrigal, a la no convocatoria de la Junta de Fiscales, así como al hecho de una supuesta divergencia en las actuaciones de la asociación cuando gobernaba el PP o ahora que lo hace el PSOE.

Así, respecto a Consuelo Madrigal, la presidenta de la AF, quien obviamente señaló que no conocía esa reunión ni lo que en ella se habló, fue muy clara cuando dijo que, en todo caso, si Luis Navajas consideró que intentaba influirle lo que debería haber hecho es acudir “a los órganos institucionales, del Servicio de Inspección, pero realizar esas manifestaciones en público no me parecen prudentes y no parece que se respete el derecho a la presunción de inocencia”; derecho que, añadió, tampoco ha respetado cuando expresó que él habría mandado “a su lugar de destino”, es decir, a Canarias, al fiscal anticorrupción Stampa después de que saliesen a la luz algunas conversaciones con la abogada de Podemos en el “caso Dina”.

“El principio de reserva, prudencia y presunción de inocencia indican que las manifestaciones que se hacen de compañeros no se deban ventilar en los medios de comunicación, porque hay cauces estatutarios para que, en su caso, se puedan encauzar”.

En cuanto a la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, “donde hay mayoría de la Unión Progresista de Fiscales, no asociados y minoría de la Asociación de Fiscales”, la justificó en que el objetivo era dar “mayor fortaleza a la decisión y protegerla frente a los ataques políticamente interesados. Así tendría una visión mucho más amplia, el debate jurídico se enriquece y, en todo caso, se blinda a la Institución y al propio teniente fiscal cuando hubiese realizado el dictamen”, respecto al cual la Asociación de Fiscales “tiene el máximo respeto, porque si tenemos una línea roja que no cruzamos es la de valorar dictámenes de compañeros”.

También rechazó que tengan una “doble vara de medir” según gobierno un partido u otro: “¿Se olvida que hicimos huelga cuando el ministro de Justicia era Rafael Catalá y que pedimos en dos ocasiones su dimisión?”.

En el fondo de toda esta polémica se encuentra, a juicio de la presidenta de la Asociación de Fiscales, el modelo de designación del fiscal general y que con la designación de Dolores Delgado existe una “sospecha” de politización de ese cargo. Por ello, pidió una reforma en el modelo de elección, dando más poder a las Cortes o al CGPJ para que su informe no sea meramente formal, otorgar más poder al Consejo Fiscal en política de nombramientos y de forma especial que el fiscal general no cese con el Gobierno, sino que, por el contrario, se le otorgue un mandato fijo.