La Fiscalía cuestiona que agentes especializados en blanqueo investiguen a Podemos

La Fiscalía se opone a que agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía investiguen sin restricciones el contrato de Podemos con la consultora Neurona Comunidad. Así se lo ha manifestado al juez que investiga la supuesta financiación irregular de la formación morada, Juan José Escalonilla en un escrito en el que se adhiere parcialmente al recurso de reforma interpuesto por el partido de Pablo Iglesias –que está imputado en este procedimiento– contra esa decisión judicial.

De hecho, el Ministerio Público coincide con la representación letrada de Podemos al considerar «excesiva» lo que define como una «autorización general» efectuada por el instructor a los agentes de Policía Judicial pertenecientes a esa brigada contra el blanqueo en una resolución del pasado 16 de septiembre.

En ese auto, el magistrado facultaba a los agentes «a recabar cualquier otra información y documentación complementaria que consideren necesaria» en relación a ese contrato, que el juez sospecha que pudo utilizarse para financiar de forma irregular al partido en las elecciones del 28-A, y a los pagos efectuados desde las cuentas electorales de Podemos a una cuenta de la consultora en la entidad Bankinter, y que sumaron en total 363.000 euros.

La fiscal del caso, Lorena Álvarez Taboada, deja claro en su escrito del pasado día 16 que considera «pertinente» y «útil» para la investigación el requerimiento a Bankinter acordado por el instructor «para que aporte información de la cuenta de Neurona a fin de conocer el origen de los ingresos y quién está realmente detrás de la entidad». Y destaca que gracias a esa diligencia se ha comprobado que los ingresos efectuados por el partido morado «se hicieron desde distintas cuentas».

No obstante, añade, coincide con lo manifestado por Podemos en el sentido de que esa autorización no es proporcional y resulta desproporcionada, pese a que el devenir de la instrucción ha permitido constatar –reconoce– que «con dicha autorización no se estaba dando un poder general sin control a los funcionarios de Policía». Y recuerda en este sentido, por ejemplo, las limitaciones impuestas por Escalonilla a las diligencias propuestas por los agentes «a la vista del resultado del examen de la cuenta de Bankinter».

Pero en todo caso, recalca, solicita al juez que «deje sin efecto» esa autorización a la unidad Antiblanqueo, «desde la perspectiva de la proporcionalidad», dado que, entiende, «ningún perjuicio se producirá para la investigación».

Sin embargo, la fiscal no comparte la alegación de nulidad de las actuaciones realizada por Podemos por una supuesta falta de motivación y concreción del objeto de la investigación por parte del instructor. «Basta con leer las fundadas y continuas resoluciones en el presente procedimiento –discrepa– para entender que se podrá discrepar jurídicamente, pero no son discutibles desde la perspectiva de la motivación». La Fiscalía respaldó recientemente que se mantenga la condición de investigado a Podemos como persona jurídica para garantizar su derecho de defensa, pese a que en su opinión no se aprecian indicios de una supuesta financiación irregular.

Por otro lado, el instructor ha decidido no ampliar el objeto de la investigación a un posible delito de administración desleal (que ya rechazó) tras la denuncia interpuesta por una ex senadora del partido, Celia Cánovas, a quien niega –con el apoyo de la Fiscalía y la negativa de Vox– la condición de perjudicada y la posibilidad de ejercer la acusación particular en el procedimiento. La denunciante ya ha recurrido la decisión judicial.

El magistrado hace hincapié en que no es objeto de esta causa «investigar la totalidad de las presuntas conductas irregulares llevadas a efecto» por Podemos, convirtiendo el procedimiento «en una investigación prospectiva».

En su recurso, la ex senadora de Podemos se pregunta por qué no se le considera perjudicada «por el dinero donado al partido que se ha dedicado a fines diversos que nada tienen que ver con la caja de solidaridad». Cánovas reprocha a la Fiscalía que «tergiverse» la realidad al afirmar que esos pagos a la «caja de solidaridad» eran voluntarios.